Navarra, con un 14,2 %, es la comunidad autónoma con una mayor cobertura del Ingreso Mínimo Vital, solo superada por la ciudad autónoma de Melilla (16,8 %).

Tras ellas se sitúan la ciudad autónoma de Ceuta, con el 13,9 %, y Aragón, con un 12,2 %, mientras que hay regiones que únicamente tienen una cobertura del 3,5 %, como Baleares, o del 4,2 % como Cataluña o Castilla La Mancha, lo que demuestra el desigual acceso que existe en España a esta renta, según recoge en un informe la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Este organismo constata que el IMV no mejora la cobertura y la cuantía del sistema autonómico de rentas mínimas y sólo alcanza al 80 % de las personas beneficiarias del sistema de Rentas Mínimas, de hecho, se queda en un 16,3 % respecto a la Renta Media disponible.

A pesar de la crisis social, el IMV, denuncian desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, no ejecuta más que el 40 % del presupuesto anual puesto que en nueve meses la Seguridad Social solo ha desembolsado 920 millones de euros de los 3.000 anuales previstos.

"Si se hubiera realizado la pasarela de las Rentas Mínimas al Ingreso Mínimo Vital la lista de espera sería prácticamente inexistente, las solicitudes estarían resueltas", alertan en una nota de prensa en la que señalan que solo el 6,4 % de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital.

Recuerdan que el sistema de Rentas Mínimas ofrecía una cobertura superior, 1,6 puntos por encima del IMV, de acuerdo con los datos de marzo del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social en los que se basa la asociación.

El número de personas perceptoras del IMV respecto a las de RRMM, se ha multiplicado por 3 en Canarias y por 2 en Castilla la Mancha, mientras que en Navarra o Islas Baleares únicamente lo cobran una de cada 5 personas de las que antes percibían la Renta Mínima y en otras comunidades como Extremadura o Galicia las personas perceptoras son similares.

Del total de solicitudes sólo se han aprobado una de cada 4, un 26 %, una cifra que desde esta entidad califican de "irrisoria" porque "no responde a las expectativas depositadas en este nuevo derecho subjetivo" ni tampoco a las necesidades de la población azotada por las consecuencias sociales de la pandemia COVID-19.

Se han logrado resolver 811.859 expedientes mientras quedan pendientes 347.645 expedientes por resolver, cuando, insisten, de haber realizado la pasarela de los 300.000 expedientes de las Rentas Mínimas autonómicas, "la lista de espera sería casi inexistente".

Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos.

La mayoría de las denegaciones, como ha reconocido el Ministerio, se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio), ya que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia de la COVID-19, mientras que un 10 % de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo.

"El Gobierno no ha cumplido, ni siquiera con una cuarta parte del objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 800.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país" denuncia la asociación, que considera que las "colas del hambre" deberían "avergonzar a los gobernantes y en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la 'vacuna contra la pobreza'," como es el Ingreso Mínimo Vital.