Ante la inminente entrada en vigor de la ley, los sindicatos navarros coinciden en que la norma es un decreto “de mínimos” y con “huecos”, por lo que deberán estar “vigilantes” de cara a posibles fraudes por parte de unas empresas de las cuales desconfían abiertamente, ya que creen que buscarán otras vías para seguir estableciendo su modelo basado en “trabajo precario”.

Por parte de CCOO, Carlos de la Torre-Verdejo, secretario de Juventud y Nuevas Realidades, reconoce que “no es que sea una gran victoria porque marca unos mínimos que son eso, mínimos. Pero sí que es una pequeña conquista y reconocimiento”. Este sindicato anunció ayer que inicia una campaña “para animar a denunciar si se incumple la ley”, además de para tener contacto con los trabajadores “para conocer sus preocupaciones y reclamaciones”, entre otras. De la Torre-Verdejo “no confía” en las empresas, ya que todavía se desconocen muchas de sus decisiones, por lo que la perspectiva es que “se va a denunciar con casos individuales y/o colectivos”.

En la misma línea se muestra Amaia Villanueva, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT. “Debería ser un día importante para que todas las personas tuviesen su situación en regla, pero desgraciadamente no va a ser así. Hay empresas que van a ver cómo esquivar la situación”, afirma, por lo que hoy representa “no el final del problema sino una etapa más en la que tenemos que estar vigilantes para que no se sigan produciendo estas situaciones”. “Se están viendo movimientos en las empresas para esquivarla a través de ETT o subcontratas”, advierte, algo por lo que “habrá que estar alerta. Villanueva considera que la norma es “importantísima para regularizar el sistema de trabajo de las plataformas”, y “habrá que ir enriqueciéndola no solo para repartidores sino para otros trabajos”.

Por su parte, Pablo Sánchez, responsable de la Federación de Servicios Privados de ELA, cree que la ley “va un poco por detrás de las sentencias y de las inspecciones de trabajo y no aporta nada nuevo”. “Además, deja la puerta abierta a otros modelos que están tratando de implantar”, avisa, ya que por ejemplo Glovo habla de “un nuevo sistema de autónomos que cumpla la legislación y así saltarse el objetivo general de la ley de alguna forma”. “Es otra estrategia para que cambiando alguna cosa no cambie nada, a base de ingeniería jurídica y presionando a la gente que opte por un modelo sobre el que no hay ninguna información”, denuncia.

Berta García, miembro de Servicios Privados de LAB, admite que a la ley se le ven “muchos huecos”. “La primera crítica es que solo se limita a los riders, pero es que otra es que no limita la subcontratación a sabiendas de que va a ser la principal vía de escaqueo para estas empresas que pretenden que no se aplique”, manifiesta, reclamando una norma “rígida y estricta”.