El Consejo de Ministros ha acordado este martes declarar zonas afectadas gravemente por emergencia de protección civil (Zaepc) -conocida como 'zona catastrófica'- a 13 comunidades autónomas que han sufrido incendios este verano -el de Valtierra en el caso de Navarra- y otro tipo de catástrofes naturales como las inundaciones en la Comunidad Valenciana y La Rioja.
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El Consejo de Ministros, "con el objetivo de atender las urgencias y lo inminente" que ha sucedido en el país en relación con los incendios forestales, ha aprobado la declaración de zona afectada por emergencia de protección civil en Castilla y León por los graves incendios sucedidos sobre todo en la provincia de Ávila, pero también en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Comunidad de Madrid, Navarra y el Principado de Asturias.
Así ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al término del Consejo de Ministros de este acuerdo, que pretende hacer frente a las "situaciones muy dramáticas" vividas en muchos lugares de España y atender a los "daños materiales, personales, en infraestructuras, enseres, establecimientos industriales, ganaderos, personas físicas y jurídicas y corporaciones locales" provocados por los incendios.
El acuerdo del Consejo de Ministros aprovecha la puerta que dejó abierta el Real Decreto-Ley 10/2021 de medidas urgentes por hechos catastróficos acaecidos entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021 para paliar los daños provocados por la borrasca Filomena, y ha incluido en el acuerdo las inundaciones ocurridas en la Comunidad Valenciana del 4 al 9 de noviembre de 2020 y en La Rioja del 14 al 16 de junio de 2021, según ha informado por su parte el Ministerio del Interior en un comunicado.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, hasta el 15 de agosto se han registrado en España 5.942 incendios forestales (unos 724 al mes de media) que han arrasado más de 46.600 hectáreas.
La declaración de este martes afecta a las regiones que en los últimos meses han sufrido incendios graves como es el caso de Castilla y León, donde en el incendio que afectó a varios municipios de la provincia de Ávila, sobre todo a Navalacruz y Cepeda de la Mora, destrozando unas 22.000 hectáreas, o a la isla canaria de La Palma, donde el fuego calcinó casi 200 hectáreas y afectó a decenas de viviendas.
La ministra portavoz ha recordado que para apoyar a los afectados y demostrar "la sensibilidad del Gobierno" ante la situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la zona afectada en la provincia de Ávila.
Ha manifestado además el reconocimiento a los trabajos de prevención y extinción de incendios en el país, "que se han visto muy reforzados en los últimos años y, por tanto, estas labores resultan más sencillas con el esfuerzo colectivo y colaborativo también entre todas las administraciones".
De cara a la prevención, ha subrayado la importancia de las previsiones realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y del trabajo de las unidades de Protección Civil, de las comunidades autónomas, de las brigadas contra incendios o de la Unidad Militar de Emergencias (UME), "lo que permite destacar en esta campaña contra incendios que, a pesar de la magnitud de algunos fuegos, no ha habido pérdidas humanas".
Además, ha señalado la importancia de alertar sobre los fenómenos meteorológicos y "la sensibilidad de este Gobierno en la lucha contra el cambio climático", y ha destacado la "diligencia de las actuaciones que hay que poner en valor", comparándola con las situaciones que se han producido en otros países del área mediterránea.
Asimismo, ha expresado un reconocimiento a la sociedad civil y la reacción ante esta ante estos hechos, "la colaboración y solidaridad subyace en estas situaciones tan complicadas".
Según Interior, pese a no disponer de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, el Gobierno ha valorado que la magnitud de sus efectos, las medidas que han sido necesarias adoptar para paliar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales justifican la intervención de la Administración General del Estado por solidaridad interterritorial y para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.
Todas las ayudas disponibles en estas zonas declaradas como ZAEPC están recogidas en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión.
