- Niega cualquier actividad delictiva, que nunca le hizo un chanchullo a Hacienda, que él pensaba que podía gestionar los negocios que tenían porque formaban parte todos ellos de su patrimonio familiar y no creía que eso fuera incompatible con su actividad como representante del Ministerio Fiscal y que, en definitiva, todas sus empresas tenían actividad y trabajadores a su cuenta. De hecho, en el juicio que ayer se inició contra él en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en el que le piden 37 años de cárcel por 15 delitos contra Hacienda, además de delitos de falsedad y de frustración a la ejecución, el exfiscal Emilio Valerio Martínez de Muniáin, que llegó a ser número 2 de la Fiscalía de Madrid y fue apartado del Ministerio Público en 2017 desde que se descubrió su actividad como bodeguero, fabricante de cerveza y hostelero en Navarra, vino a justificar en el comienzo de la vista oral que sus sociedades eran reales. "No hay ningún fraude". Eran reales, contantes y sonantes, y que si las sociedades no tenían trabajadores antes de 2011 (en las 16 solo figuraban 2 empleados hasta ese año) es porque no se habían construido las instalaciones necesarias para desarrollar todo el negocio. "Nunca he tratado de defraudar sino de hacer un proyecto para que trabajen las personas. Pero hasta que no hubiera fábricas muchas de esas sociedades no tenían actividad productiva. Una vez que hicimos un trujal en Dicastillo, una bodega de fermentación y otra de crianza, un taller de cosmética, Y, por eso, en 2015, el grupo empresarial pasa a tener 46 trabajadores fijos y 71 eventuales, porque ya se habían construido las instalaciones. No hay ninguna trama ni conglomerado para defraudar".

A Valerio le acusan de defraudar 4,5 millones de euros a la Hacienda foral a través de 16 sociedades (en 15 de ellas figuraba que su profesión era la de abogado y no la de fiscal) facturas mendaces en las que figuraban entregas de bienes y prestaciones de servicios de unas sociedades a otras que se sospechan que son inexistentes, ficticias. Además, en 2017, cuando ya se había iniciado un proceso de regularización tributario, le acusan de constituir la sociedad Hacienda Agraria de Di Castillo, cuyo capital social fue de 3,2 millones de euros fue totalmente suscrito y desembolsado mediante la aportación de 56 inmuebles propiedad de las otras 15 sociedades que administraba. Incluso entregó como aportación su domicilio familiar en Pozuelo de Alarcón para contribuir a la creación de esa firma, con la que se le acusa también de eludir el pago de las previsibles responsabilidades pecuniarias y civiles que se derivaran de los procesos abiertos.

Sobre sus empresas, dijo Valerio que creó hasta 16 sociedades, junto a su esposa, que también se sienta en el banquillo, porque cada una tenía una actividad distinta. "Son sociedades pequeñas que contribuyen a toda la cadena de fabricación de una bodega y lo que trataba es de que no tuvieran actividades genéricas, sino que cada una hiciera algo concreto". Declaró que nunca tuvo una doble contabilidad y que aportó el IVA soportado por sus sociedades en los asientos contables que entregó a la inspección tributaria y, por último, sobre la cuestionada Hacienda Agraria de Di Castillo, afirmó que la creó para gestionar todos los préstamos hipotecarios que tenía pendientes. "Tenía 20 créditos y necesitaba angustiosamente renegociar todos ellos y lo hice a través de una sociedad que me salía mejor para tener una hipoteca".