El exmagistrado Orduña, ahora entregado a la investigación universitaria tras abandonar en 2019 la Sala Primera del TS, participó el jueves en Pamplona en una Jornada sobre Derecho de Consumo que organizó el bufete de abogados Iribarren Ribas junto al Colegio de Procuradores.

Fue un innovador en el TS, pero tras su marcha pudiera decirse que la Justicia española se ha quedado huérfana de postulados cercanos a defender a los consumidores.

-El juez tiene una carga de trabajo tremenda en la Sala Primera del Supremo y tiene poco tiempo a explorar esas transformaciones profundas a las que estamos asistiendo. Yo hice una serie de votos particulares que de alguna forma estan conformando una profundización del Derecho europeo y requiere su tiempo. Hubo cosas que dije en 2012 y 2013 como formulante de un voto particular y veo que la Justicia europea va por esa dirección. Hay una consolidación en los procesos sociales. Pero el principal agente dinamizador de todo esto no es el poder judicial, sino el Legislativo. Es quien tiene en su mano acortar los tiempos para dar soluciones a las transformaciones sociales. Y hay un retraso clarísimo porque vamos a golpe de lo que dice el TJUE. Tenemos bastantes mimbres para avanzar en materia de consumidores más de lo que hemos hecho.

Entre unos y otros, los que legislan y los que resuelven, el consumidor queda indefenso.

-Está justificada la impaciencia del consumidor de que realmente salgan normativas claras o decisiones al respecto de la protección de sus derechos. Son muchos años en los que ha habido avances jurisprudenciales y directivas y sin embargo cuesta mucho llevarlo a la práctica. La solución es que el consumidor sea más exigente ante los poderes públicos y que no se tomen decisiones al albur del Supremo. Ahora se ha puesto de moda los autos recientes del TJUE sobre el índice hipotecario IRPH. Estaremos de acuerdo y es una obviedad que el IRPH, que fue establecido para la vivienda protegida, es una contradicción en sí mismo puesto que les ha encarecido el préstamo. Cualquier persona sensata ve que eso no tiene ningún sentido social y se puede corregir. El tema es por qué no se hace. Es un tema de demanda social claro y específica.

Puede ser un problema que a un índice como este solo le den respuesta los tribunales.

-Es un problema porque es una carga para los consumidores, porque les obligas a pleitear. Decimos muchas veces que la Justicia lenta no es Justicia porque llega a deshora, a desmano y a destiempo. Si se le obliga al consumidor a pleitear es una carga para él, porque no tiene los medios económicos y materiales para tener pleitos durante años. No puede estar ocupado en esos temas. Es el Estado quien debe procurar un alto nivel de protección de los consumidores, como consagra el artículo 38 de la Constitución de Derechos Fundamentales de la UE. Es un mandato. Por tanto, cúmplase.

Al hilo de su voto particular sobre la transparencia en las cláusulas suelo que marcó un hito, dicho concepto parece llenar ahora la boca de muchas instituciones.

-Estamos a años luz de la transparencia, de ofrecer al ciudadano una visión comprensible de por qué estamos en este momento, porque hablamos muchas veces del modelo energético, pero nadie ha explicado el déficit tarifario y una serie de componentes que debían ser extraños a esta facturación y sin embargo aparecen y condicionan el sistema actual nuestro. Tampoco nos han explicado el sistema actual de la UE que está determinando estos precios tan altos y el ciudadano tampoco ha participado en ese debate. Cualquier discusión que se hace sobre el debate energético ya parte de una posición de debilidad porque el ciudadano va a ciegas. Lo que creo es que la transparencia es un elemento de valorización de la marca y de la empresa. Hay que cambiar el chip. No es un enemigo ni una carga, sino un factor de reputación.

Lo que cuenta va también puede ir al hilo de lo que ha ocurrido en el ámbito bancario a la hora de interponer trabas en las cláusulas.

-Se están dando ciertos avances, no hay que negarlo. Al principio en el sector había una defensa numantina, como de hemos hecho todo bien, y ahora cada vez hay más una reflexión crítica. Está en la voluntad de todos aquellos que apoyamos esto el convencer al sector financiero es un valor dotarse de transparencia. No va a aumentar los costes, sino que van a competir mejor.

“En cualquier discusión sobre la tarifa de una eléctrica el ciudadano parte de una situación de debilidad, porque no sabe lo qué se le factura”

“Al consumidor, lo que se debe hacer, es no obligarle a pleitear, porque es una carga para él y no puede estar esperando años un juicio”

“Hay un retraso clarísimo

en materia de consumidores pese a que hay mimbres para avanzar mucho más

de lo que lo hemos hecho”