El Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha anulado una multa del Ayuntamiento de Pamplona contra un conductor que aparcó en una plaza de personas discapacitadas situada en un supermercado al estimar el recurso del implicado y considerar que la plaza de aparcamiento se encuentra en una superficie de titularidad privada, por lo que la Policía Municipal no tiene competencias para sancionar en ella.

La resolución del TAN recoge que un agente de la Policía Municipal interpuso una denuncia el 28 de junio de 2019, a las 21.45 horas, en el aparcamiento del Hiper Eroski situado en el polígono Agustinos, contra un conductor por estacionar en zonas reservadas a vehículos que transporten personas con discapacidad sin la correspondiente tarjeta habilitante. La infracción se calificó de grave y se propuso una multa de 200 euros, sanción que fue recurrida ante el TAN por el conductor multado, bajo la representación del abogado Francisco Javier Moreno-Vidal.

En su resolución, el TAN confirma que el hecho denunciado, constitutivo de infracción grave de tráfico, "se puede dar por suficientemente acreditado", pero añade que "el procedimiento sancionador seguido en el expediente no se ajusta a Derecho al observarse que el lugar en el que sucedieron los hechos no corresponde a una vía urbana de titularidad pública, por lo que el Ayuntamiento de Pamplona no ostenta competencia sancionadora alguna".

Al respecto, el TAN determina que la parcela en la que se ubica el aparcamiento objeto de discusión es de titularidad privada y subraya que "la competencia en materia de tráfico de las entidades locales únicamente puede ser ejercida en vías urbanas de titularidad municipal". "En el caso que nos ocupa, al ser el lugar de los hechos una parcela urbana de titularidad privada, debemos concluir con la nulidad de la sanción impuesta por carecer de competencia el órgano sancionador, en este caso la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona", recalca el tribunal administrativo.

Por ello, el TAN estima el recuso presentado por el recurrente contra la resolución sancionadora del Consistorio pamplonés por la que se le impuso una multa de 200 euros por la comisión de una infracción grave en materia de tráfico consistente en estacionar en zonas reservadas a vehículos que transportan personas con discapacidad sin tarjeta habilitante.