El histórico estafador Pedro Urrutia Urrutia, a sus 78 años, nacido en Doneztebe y que ahora vive en Sant Cugat, ha visto que la Justicia le sonríe. Urrutia, al que le impusieron su primera condena en 1968 y acumula más de 20 años de prisión por seis condenas por distintas estafas, fue prófugo y huyó a Costa Rica tras un desfalco de 18 millones a la empresa guipuzcoana Indaux, de Getaria. En 2009 fue finalmente extraditado tras la intervención de un limpiador de alcantarillas policiales como Villarejo.

Ahora, Urrutia había sido condenado por la Audiencia Provincial de Navarra a 32 meses de prisión por una nueva estafa en la compra de una nave en Mutilva y de una bodega. Una vez que recurrió la sentencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) le ha rebajado ahora la condena en seis meses, por lo que finalmente le deja en dos años y dos meses de cárcel.

Le retira la agravante de multirreincidencia porque cuando cometió los hechos en Navarra, en 2016, solo tenía una condena en trámite de la Audiencia de Barcelona. En la pena que se le impone también se ve beneficiado por la atenuante de dilaciones indebidas, debido a la tardanza en juzgarse del procedimiento.

En ambas operaciones pidió por adelantado dinero a las familias que querían vender sus propiedades ante la promesa de que el acusado rescataría de Panamá y Costa Rica dinero en metálico para traerlo a España y sufragar el coste. En total, decía que iba a pagar 1,5 millones por la bodega y 400.000 euros por la nave.

Lo que ocurrió en realidad fue que los bodegueros le anticiparon 45.000 euros para que realizara las gestiones pertinentes para traer el dinero y el TSJN les condena tanto a él como a su socio en esta ocasión, Miguel Ibáñez Martínez, a indemnizar con 22.000 euros a los dueños de los viñedos. Urrutia se declara insolvente mientras que su supuesto socio, que según los estafados era su chófer, ya había pagado 15.000 euros antes de la vista oral y se le aplicó la atenuante de reparación del daño.

En el juicio, ambos socios y acusados manifestaron que sus intenciones de compra de las parcelas e instalaciones eran reales, que no se trataba de ninguna estafa pero que falleció la persona que estaba realmente interesada en la adquisición y ya no hubo forma de que fructificara el negocio. El TSJN, al igual que hizo la Audiencia, enmarca dichos argumentos en una mera estrategia de defensa y considera que se produjo el engaño suficiente como para que las víctimas cayeran en la trampa. No en vano Urrutia es un cualificado trilero con un expediente de lo más completo.

Incluso, el comisario Villarejo, líder de las cloacas del Estado, presumía de haber dado el soplo a la Policía en 2009 del lugar donde se encontraba refugiado Urrutia en Costa Rica, cuya vida en la región de San Carlos, al norte del país, no pasaba precisamente como discreta. Se dedicó al negocio de las gasolineras y a vivir como un rey.

El obispo de la diócesis de Alajuela, el logroñés Ángel San Casimiro, intercedió con él para "completar los trámites de la residencia, le dio confianza para que le extendiera un poder generalísimo y, como si el español necesitara dinero, le prestó 165.000 dólares", relataba el diario El País en 2008. Por entonces estaba a punto de ser extraditado en un avión medicalizado a España debido a una intervención cardíaca.

En el juicio celebrado en Navarra en la primavera de 2021, tantos años después, alegó que la implantación de un marcapasos le dejó también sordo. "Algo me tocaron por aquí... O me grita o no entiendo", le retó al presidente de la Sección Segunda de la Audiencia al comienzo del interrogatorio, en un juicio en el que se enfrentó a 7,5 años de prisión. El magistrado, voz en grito al micrófono, le espetó: "¿Tiene usted algún certificado médico que acredite su sordera?". Carecía del mismo. Y también de audífonos. Pero para hacer todo más fluido, a Urrutia le sentaron al lado de su letrado, con un altavoz cerca, y el sonido ya no fue problema.

Respecto a la estafa por la que se le juzgaba en Navarra, cometida en 2016, Urrutia negó ayer cualquier intervención y se desentendió del asunto. Al contrario que los estafados, un matrimonio propietario de una bodega en la comarca de Sangüesa, que pactó vender los 27.000 metros cuadrados por 1,5 millones, y el dueño de una nave de Mutilva, valorada en medio millón.

Al contacto de ambos llegó a través de un mediador inmobiliario y, según relataron los denunciantes, observó las instalaciones y pidió un plazo de dos meses para formalizar la compra, que no prosperó ni se conoce a día de hoy si quería que prosperara.

En los dos casos, alegó a las partes vendedoras que había que elaborar un contrato para que Urrutia pudiera mandar a alguien de su confianza a Costa Rica para liberar el dinero que allí tenía. Esa comisión, de 45.000 € en el caso de la bodega (se hizo en dos entregas y con dos contratos distintos), y de 9.000 en el otro, figuraba a nombre del otro acusado, Miguel Ibáñez, al que le piden 3,5 años de cárcel, que era quien cobraba para viajar a Costa Rica a por la financiación.

Este procesado, que ejercía de chófer de Urrutia, trató de minimizar cualquier ideación de la trama por parte del navarro. "Yo era comisionista -dijo Ibáñez- de una sociedad importante de Panamá con un inversor en Barcelona (Alberto Cerdans), que falleció. Pero yo no les decía a los vendedores quién les iba a comprar el negocio. Coincidió que a mí me meten en prisión y este inversor muere, pero yo no sabía que ese negocio no se hacía realidad".

A los bodegueros denunciantes les devolvieron entonces 8.000 euros de otro hombre interpuesto, según ellos, por Urrutia. Este fue de nuevo exonerado de responsabilidad por el otro acusado, que relató que la devolución de ese dinero la hizo él, al salir en un permiso, con una cantidad prestada.