l señor corpulento, con chándal, que aparece en la fotografía de aquí al lado sentado frente al tribunal, acumula media vida con las posaderas en el banquillo de los acusados. Se llama Pedro Urrutia Urrutia, tiene 77 años, nació en Doneztebe y ahora vive en Sant Cugat, acumula desde 1999 más de 20 años de cárcel en seis condenas y fue uno de los prófugos históricos de la Justicia española, al huir a Costa Rica tras un desfalco de 18 millones a la empresa guipuzcoana Indaux, de Getaria.
El comisario Villarejo, líder de las cloacas del Estado, presumía de haber dado el soplo a la Policía de dónde se encontraba Urrutia, cuya vida en la región de San Carlos, al norte del país, no pasaba precisamente como discreta. Se dedicó al negocio de las gasolineras y a vivir como un rey. El obispo de la diócesis de Alajuela, el logroñés Ángel San Casimiro, intercedió con él para "completar los trámites de la residencia, le dio confianza para que le extendiera un poder generalísimo y, como si el español necesitara dinero, le prestó 165.000 dólares", relataba el diario El País en 2008. Por entonces estaba a punto de ser extraditado en un avión medicalizado a España debido a una intervención cardíaca.
Ayer, tantos años después, alegó que la implantación de un marcapasos le dejó también sordo. "Algo me tocaron por aquí... O me grita o no entiendo", le retó al presidente de la Sección 2ª de la Audiencia al comienzo del interrogatorio, en un juicio en el que se enfrenta a 7,5 años de prisión. El magistrado, voz en grito al micrófono, le espetó: "¿Tiene usted algún certificado médico que acredite su sordera?". Carecía del mismo. Y también de audífonos. Pero para hacer todo más fluido, a Urrutia le sentaron al lado de su letrado, con un altavoz cerca, y el sonido ya no fue problema.
Respecto a la estafa por la que se le juzgaba en Navarra, cometida en 2016, Urrutia negó ayer cualquier intervención y se desentendió del asunto. Al contrario que los estafados, un matrimonio propietario de una bodega en la comarca de Sangüesa, que pactó vender los 27.000 m2 por 1,5 millones, y el dueño de una nave de Mutilva, valorada en medio millón. Al contacto de ambos llegó a través de un mediador inmobiliario y, según relataron los denunciantes, observó las instalaciones y pidió un plazo de dos meses para formalizar la compra, que no prosperó ni se conoce a día de hoy si quería que prosperara. En los dos casos, alegó a las partes vendedoras que había que elaborar un contrato para que Urrutia pudiera mandar a alguien de su confianza a Costa Rica para liberar el dinero que allí tenía. Esa comisión, de 45.000 € en el caso de la bodega (se hizo en dos entregas y con dos contratos distintos), y de 9.000 en el otro, figuraba a nombre del otro acusado, Miguel Ibáñez, al que le piden 3,5 años de cárcel, que era quien cobraba para viajar a Costa Rica a por la financiación. Este procesado, que ejercía de chófer de Urrutia, trató de minimizar cualquier ideación de la trama por parte del navarro. "Yo era comisionista -dijo Ibáñez- de una sociedad importante de Panamá con un inversor en Barcelona (Alberto Cerdans), que falleció. Pero yo no les decía a los vendedores quién les iba a comprar el negocio. Coincidió que a mí me meten en prisión y este inversor muere, pero yo no sabía que ese negocio no se hacía realidad". A los bodegueros denunciantes les devolvieron entonces 8.000 euros de otro hombre interpuesto, según ellos, por Urrutia. Este fue de nuevo exonerado de responsabilidad por el otro acusado, que relató que la devolución de ese dinero la hizo él, al salir en un permiso, con una cantidad prestada.
"He tenido mucho dinero, pero tengo todo embargado en Costa Rica y no quería comprar
Acusado, 6 condenas por estafa
"Urrutia no estaba detrás de esto. Me pagaban a mí una comisión porque yo conseguía el inversor"
Acusado, le piden 3,5 años de prisión
