Punto final a una situación insostenible que ha marcado el día a día del barrio de Azpilagaña durante los últimos dos años. A las 9:00 horas de la mañana de este viernes, efectivos de la Policía Municipal de Pamplona, actuando en funciones de policía judicial, han procedido al desalojo de la bajera ubicada en el número 11 de la calle Río Alzania. La intervención pone término a un largo historial de quejas vecinales, problemas de salubridad e incidentes violentos que habían convertido este local en un foco de conflicto permanente.
El despliegue policial de este viernes no ha pillado por sorpresa a los vecinos de la zona, que han asistido al operativo con una mezcla de alivio y cautela. La orden de desalojo, dictada por el juzgado el jueves, ha sido el último eslabón de una cadena burocrática y judicial que se había convertido en un auténtico laberinto para el vecindario.
En el interior del local, cuya entrada va a ser tapiada, se encontraban en el momento del desalojo siete personas. Según confirman fuentes municipales, una de ellas fue trasladada a dependencias policiales al constarle una orden de detención vigente. Para el resto de los ocupantes, y siguiendo las directrices marcadas por el auto judicial del jueves, se ha coordinado una solución habitacional de urgencia, a través de los servicios municipales, en el centro de Trinitarios.
El punto de inflexión: la denuncia de la propietaria
El Ayuntamiento de Pamplona llevaba dos años monitorizando la situación de este inmueble. Durante este tiempo, el Consistorio había interpuesto hasta seis multas coercitivas por el uso fraudulento del local, sanciones que en total sumaban cerca de 5.000 euros. Sin embargo, como bien denunciaron los vecinos en repetidas ocasiones, "las multas no cierran locales".
El "atasco" administrativo se resolvió finalmente la semana pasada. La Comunidad de Propietarios, tras meses de presión y de ver cómo la convivencia se degradaba irremediablemente, logró que la dueña de la bajera —una mujer de 80 años que se había visto sobrepasada por la situación— interpusiera la denuncia formal. Este paso era el requisito indispensable para que la maquinaria judicial pudiera activar el desalojo que hoy se ha hecho efectivo.
Un entorno degradado
La situación en Río Alzania 11 había alcanzado cotas de gravedad extrema en los últimos dos meses. Los vecinos habían denunciado hasta cuatro enganches ilegales a la luz de la comunidad en menos de ocho semanas, además de ruidos constantes y problemas de insalubridad.
La tensión estalló definitivamente a principios de febrero, cuando una pelea multitudinaria en el interior de la bajera obligó a intervenir a la Policía Nacional y Municipal, saldándose con heridos y una detención. "Era un foco de inseguridad ciudadana en el corazón del barrio", relatan desde el entorno. Especialmente sensible ha sido el caso de un menor residente en el edificio, cuya situación personal se vio gravemente afectada por el clima de miedo y tensión reinante, llegando a requerir tratamiento psicológico.
El papel de la Administración
Aunque los vecinos valoran positivamente el desenlace, queda en el aire la crítica a la lentitud institucional. El Defensor del Pueblo de Navarra ya había recordado la obligación de las administraciones de actuar con celeridad cuando existen riesgos para las personas o se incumplen las condiciones mínimas de habitabilidad. Con el precinto del local, Azpilagaña cierra un capítulo complicado. Ahora, la prioridad de la comunidad es garantizar que el local permanezca cerrado y recuperar la normalidad en un edificio que, tras meses de lucha, vuelve a pertenecer a sus vecinos.
