La perdiz y otras aves esteparias llevaban años sufriendo un descenso paulatino de su número de ejemplares, hasta que los cazadores arrimaron el hombro y, además de respetar una reducción de los cupos y días de veda, lanzaron proyectos para intentar frenar este declive, producido por la expansión de la agricultura intensiva. En la Comunidad Foral, por ejemplo, se realiza desde hace dos años en el término de Morterete, en Corella, una iniciativa para ampliar el hábitat de esta ave, consiguiendo de esta manera una evolución más favorable de su población.Sin embargo, la directiva sobre aves y hábitats (NADEG, por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea ha iniciado el proceso para tratar de prohibir la caza de la perdiz roja y de otras especies cinegéticas, al incluirlas dentro del listado de aves que se encuentran en un estado amenazado. Como se recuerda, se trata de la misma estrategia que se empleó, con la connivencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para prohibir en España la caza de la tórtola común.

Ante esta situación, los cazadores han vuelto a protestar enérgicamente, por entender que no se está tomando en consideración el conjunto de actuaciones que, en los últimos años, se han llevado a cabo por toda la geografía española para detener el descenso de las poblaciones de perdiz. Entre ellas, las directrices de gobiernos regionales que, como el de Navarra, handictaminado reducciones en los días hábiles de caza, con el objetivo de consolidar una gestión cinegética sostenible de esta especie. Precisamente, esta es la principal reclamación que se está realizando desde el ámbito de la caza, en el que se han ideado proyectos como el Observatorio Cinegético, cuya misión es, en base a conteos de los cazadores, establecer cifras fiables que den pie después a políticas acordes a la realidad.

Desde el colectivo se sabe que una de las causas más destacadas de la disminución de ejemplares de perdiz y de otras aves como el alcaraván, el sisón, la alondra, la calandria, la ganga o la ortega es la pérdida cada vez más acusada de sus hábitats naturales, a consecuencia de una agricultura intensiva queestá recortando los espacios donde pueden nidificar y procrear.

Por este motivo, la Federación Navarra de Caza, la Oficina Nacional de la Caza y el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral iniciaron en el 2019 un plan para incrementar las poblaciones de estas aves esteparias. A través de acuerdos con agricultores, se plantea que se integren en los campos nuevos modos de cultivo en varias bandas de terreno, a cambio de una compensación económica. Así, se recupera el equilibrio poblacional y se propicia un ecosistema más sostenible, teniendo en cuenta, además, que los incentivos económicos a los agricultores superan los costes en los que incurren, por lo que el beneficio es mayor, tanto para su economía como para el medioambiente.

Los cazadores, asimismo, plantean más medidas que buscan la no destrucción de los hábitats de estas aves, tales como, entre otras, que las cosechadoras guarden una altura mínima de 20 centímetros, el retraso de las cosechas para evitar la muerte de animales, la implantación de márgenes multifuncionales como superficies de interés ecológico, o el establecimiento de márgenes de siembra sin cosechar. Todas ellas, con el propósito de recuperar la fauna menor y que la agricultura avance hacia una alineación más conectada con la conservación de la biodiversidad.

Por ello, el ámbito cinegético reclama a la Administración que no se deje embaucar por los cantos de sirena que exigen prohibir la caza de la perdiz sin contar con ningún aval científico que demuestre la situación real de la especie e ignorando las actuaciones del colectivo en favor de su gestión sostenible. De hecho, la Real Federación Española de Caza ha solicitado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación traslade una respuesta firme del Gobierno de España ante la nueva imposición de Bruselas.

Ya hace tiempo que se viene denunciado la deriva anticaza que está protagonizando la Comisión Europea. La moratoria de la tórtola demostró que el único fin del organismo comunitario era acabar con su caza, en lugar de aunar esfuerzos para trabajar en la recuperación de sus poblaciones. No se implementó ninguna medida en recuperar sus hábitats, cuando se sabe que este es uno de los principales motivos del descenso de ejemplares.

El presidente federativo, Manuel Gallardo, ha indicado que no se va a permitir esta “deriva prohibicionista, ultraecologista y anticaza de la Comisión Europea y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que están tratando de prohibir nuestra actividad y terminar con la labor de conservación que los cazadores llevamos desarrollando durante años”. Entre esta labor sobresalen proyectos de conservación para las codornices, los zorzales o las tórtolas como Coturnix, Zorzales o el PIRTE, puestos en marcha para “demostrar con datos científicos la importante función de la gestión cinegética para las propias especies”.