El colectivo cinegético desmonta la justificación del Gobierno para la ley animalista| FOTO: CEDIDA
Como parte de la campaña de trabajo que la Real Federación Española de Caza (RFEC) está realizando para tratar de impedir que el proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales sea aprobado finalmente en el Congreso y el Senado, la entidad ha elaborado, junto a la Fundación Artemisan, un detallado informe en el que se exponen las consecuencias que para la actividad cinegética tendría esta normativa, a la que se ha de sumar también la propuesta para modificar el Código Penal.
La conclusión principal y palmaria a la que llegan las dos instituciones es que la entrada en vigor de la ley animalista y la reforma del Código Penal, impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en manos de Unidas Podemos, supondría el fin de la caza en España. Y avalan esta afirmación con un compendio de todas las variaciones que conllevarían en la práctica de la caza las nuevas normas, muchas de las cuales impedirían de facto que se siguiera practicando.
El documento, que puede consultarse en las páginas web de ambos organismos, ha sido elaborado por los servicios jurídicos de las dos entidades y especifica uno por uno todos los artículos que propone la nueva ley que constituyen serias amenazas para la viabilidad de la actividad cinegética en España. Del mismo modo, se desmontan los argumentos empleados por el Gobierno central para tramitar la normativa y la reforma del Código Penal sin el consenso político y social necesarios, y por el procedimiento de urgencia.
Este tipo de tramitación limita la participación de la sociedad y de las entidades afectadas, lo que resulta muy favorable para el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, ya que la ley animalista ha recibido múltiples rechazos: desde el esgrimido por el sector de los juristas, hasta el de los científicos y expertos en la materia, pasando por todos aquellos afectados y llegando, incluso, a contar con la oposición de algunas asociaciones ecologistas. En este sentido, cabe recordar que este procedimiento para la aprobación de leyes suele reservarse para asuntos que, debido a su relevancia, merecen un tratamiento diferenciado.
En cuanto al contenido del proyecto de ley, cuyo texto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, el documento de la RFEC y de la Fundación Artemisan desvela que haría prácticamente inviable la supervivencia de las rehalas, de la cetrería (reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad), o, incluso, de la grabación de documentales de caza. Igualmente, convertiría en maltrato animal muchas de las acciones cinegéticas que forman parte de la naturaleza de la actividad.
Por otra parte, el anteproyecto formulado por el Gobierno invade las competencias de otras administraciones, ya que prohíbe labores como el silvestrismo o regula el transporte de perros de rehala, que cuenta ya con una legislación específica procedente de otro ministerio.
Inseguridad jurídica
Hay más modalidades de caza que también se verían seriamente dañadas por esta normativa, que volvería prácticamente impracticable algunas de ellas, como la perdiz con reclamo, los cimbeles de paloma o las aves acuáticas. La ley animalista, arguye el informe, crearía una grave inseguridad jurídica entre los cazadores, además de que impediría la cría de reposición y obligaría a la esterilización, sin aportar argumentos técnicos o científicos que avalen medidas tan drásticas.
No son las únicas iniciativas controvertidas. En contra de la opinión de toda la comunidad científica y de la Comisión Europea, la norma que pretende aprobar el Ejecutivo socialista convertiría a los gatos de colonias en una especie protegida, cuando la opinión de los expertos es que uno de los mayores problemas para la biodiversidad es, precisamente, el gato asilvestrado de las colonias felinas.
A todo ello, se suma la creación de numerosos órganos, sistemas de registro, entidades y planes que conllevarían un cuantioso incremento del gasto público, sufragado por los contribuyentes, en un momento de crisis económica generalizada, en el que todos los organismos están pidiendo un esfuerzo extra a los ciudadanos.
En lo referente a la reforma del Código Penal, la RFEC y la Fundación Artemisan coinciden en que se contemplarían penas desproporcionadas y en que, al extender la tipificación del maltrato animal a todos los animales vertebrados, se pondría en serio peligro la caza, la pesca y otras actividades de gran relevancia para el mundo rural.
Desde ambas entidades, se espera que el documento realizado sirva para que las diferentes formaciones políticas, los gobiernos regionales y la población en general posean información real sobre las consecuencias que tendría la aprobación de la ley animalista. El colectivo reclama una respuesta firme en la oposición a unos proyectos que no persiguen el bienestar de los animales, sino únicamente contentar a un sector animalista minoritario y radical.
Las claves
Proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales
- En ningún caso se justifica la decisión del Gobierno de solicitar a las Cortes Generales su tramitación por el procedimiento de urgencia.
- No consta que haya sido sometido al dictamen del Consejo de Estado.
- Es falso que cuente con un supuesto consenso social, ya que la práctica totalidad de los sectores afectados se ha pronunciado en contra. Los presidentes de Aragón y de Castilla-La Mancha han hecho público su rechazo.
- Más de 800 investigadores científicos han firmado un manifiesto para mostrar su disconformidad con este proyecto de ley.
- Sería inconstitucional, debido a que vulnera competencias exclusivas y compartidas, de desarrollo normativo y ejecución de las comunidades autónomas respecto a materia medioambiental, cinegética, de sanidad animal y de promoción deportiva.
- Las comunidades ya tienen regulaciones propias sobre la materia de bienestar y protección de los animales. En Navarra, por ejemplo, se excluyó de su ley a los animales empleados en la caza.