Construcciones Flores adeuda ocho millones a empleados y proveedores

El caso de Construcciones Flores ilustra la caída de un sector, el inmobiliario, que también se ha cobrado otras víctimas en Navarra. Flores vivió años de esplendor, con incrementos continuos en la facturación y beneficios sostenidos. En 2007, por ejemplo, sus ventas alcanzaron los 121,7 millones de euros, más del doble que el año anterior, en una abundancia que resultó una mala consejera. Justo cuando la burbuja inmobiliaria se encontraba a punto de estallar, Flores acometió inversiones elevadísimas, que duplicaron su endeudamiento y multiplicaron por cuatro sus gastos financieros. El resultado: la empresa adeudaba a finales de 2007 unos 197 millones de euros a diferentes entidades financieras. Algunas de ellas (Banco Santander y La Caixa, por ejemplo) han empezado ya a actuar para quedarse con terrenos propiedad de Flores con los que enjugar la deuda. Junto a ello, y con promociones paradas en Santander y Valladolid, la empresa ha tenido que traspasar obras en Navarra a otras constructoras o, incluso, a la propia promotora pública Vinsa. Caja Laboral, Caja España, Caja Madrid y Caja Rural se encuentran también entre las cajas que han prestado dinero a Flores en los últimos años.

Las promociones que han generado parte de los actuales problemas de Flores tienen nombres y apellidos. La de Soto de la Marina, a diez minutos del centro de Santander, es una de ellas. También en Cantabria, los residenciales de El Astillero y La Albericia se han convertido en trampas en las que la empresa ha quedado atascada. En la Puebla de Alfinden, a las afueras de Zaragoza, Flores compró suelo para edificar viviendas. Acometidas en solitario o con socios como Bowfonds (Rabobank) o Caja Laboral (presente en tres de ellas), ninguna ha podido ser completada. En la web figura también el Residencial Gran National, en la Costa del Sol malagueña, desarrollada junto a Azysa. Está ya terminada y se confía en que poco a poco se vaya vendiendo lo que resta.

Todas estas inversiones, la primera de las cuales arrancó en la segunda mitad de 2006, fueron decididas prácticamente en exclusiva por Conchita Flores, que dirigía la empresa de "modo unipersonal", según confirman personas de su entorno profesional. Las compras van elevando los gastos financieros de la empresa que, a finales de 2007, antes de que la crisis estallara con toda su virulencia, superaban ya los 9,2 millones de euros en intereses. Es decir, casi el doble que en gastos de personal. Con las ventas prácticamente congeladas, ingresos menguantes y gastos disparados, la crisis de Flores no había hecho entonces sino comenzar. "Tal vez aquel hubiese el momento de afrontar el problema de frente, canjeando suelo por deuda con los bancos. No se hizo y ahora ese suelo vale tal vez la mitad", explicaba una antiguo trabajador de la empresa.

deterioro progresivo Terminaba el primer trimestre de 2008, las inmobiliarias llevaban meses alertando de la sequía y Flores se daba de bruces con la mayor crisis de la historia reciente. Aquella primavera, Conchita Flores, que había nombrado en septiembre de 2007 a un nuevo equipo directivo, encarga a Irea un proceso de renegociación de la deuda. Irea, una firma con sede en Madrid, intenta que la empresa tome aire, que no se ahogue con los pagos que, mes a mes, reclaman los bancos. No todas las entidades aceptan sin embargo aplazar la deuda. Santander, que había concedido el préstamo de mayor tamaño, decide ejecutar sus derechos sobre dos de las joyas de la empresa: una parcela en Iturrama Nuevo y otra en Lezkairu. Se cancela de este modo una parte significativa de la deuda, que algunas fuentes elevan por encima de 40 millones de euros.

En abril, Flores despide a Begoña Ilundain, responsable financiera de la empresa y el 16 de mayo prescinde de Pablo Cámara, director adjunto. En aquella época se comienza a pagar a 120 días, frente a los 90 habituales, y en el verano de 2008 se afronta un primer ajuste de personal, si bien mínimo, que afecta a seis personas de 140. Un mayor recorte de personal es descartado en esos momentos, entre otros factores, por la mala imagen que supondría la aparición de las movilizaciones la prensa. Unos años antes, el nombre de Conchita Flores había aparecido en titulares vinculados al caso Egüés. Construcciones Flores figuraba como propietaria de la parcela adquirida por Aricam para construir un apartahotel y que constaba como solar dotacional. Conchita Flores fue imputada, pero salió absuelta, apenas con una reprimenda del juez. Ignacio Galipienzo, alcalde del valle de Egüés, fue condenado a un año de cárcel por un delito de prevaricación y negociaciones prohibidas. Emilio Izquierdo, otro de los imputados como comprador de la parcela, también fue absuelto.

En Construcciones Flores el comité de dirección se reúne por última vez el 13 de junio de 2008, con la renegociación de la deuda como uno de los asuntos fundamentales. Después de San Fermín de aquel año, Conchita Flores comienza a viajar con mayor frecuencia a Madrid en compañía de su hijo, mientras el goteo de salidas de la empresa, la mayor parte como consecuencia del final de contratos de obra y servicio, continúa. De las 140 personas en nómina en junio se pasa a unas 100 en diciembre.

nueva propiedad Entre tanto, se produce un acontecimiento que cambia el rumbo de la compañía. El 19 de noviembre de 2008, Conchita Flores comunica a su plantilla que ha vendido el 51% de Construcciones Flores a una sociedad inglesa de inversiones, European Credit PLC, y que Alfonso Arroyo es el nuevo consejero delegado de la empresa. Arroyo, procedente de la empresa de energías renovales Enhol, había sido consejero de Fernando Puras durante la campaña electoral de las autonómicas de 2007 y la posterior negociación baldía con Nafarroa Bai e Izquierda Unida. Tras la intervención de Conchita Flores habla Jerónimo Camacho, directivo de Cener y que ejercerá como presidente de la compañía sin capacidad ejecutiva. Junto a Arroyo han llegado varios representantes de la compañía inversora inglesa, todos ellos españoles y con acento del sur. Explican que con su llegada se pondrá fin a las tensiones financieras y que a partir de ese momento la empresa podrá remontar más fácilmente la crisis.

El cambio en la propiedad no consigue, sin embargo, reactivar a una empresa que subsiste mediante las certificaciones de vivienda terminada que se van recibiendo, cada vez menos. A partir de enero de 2009 se generalizan las dificultades de cobro por parte de los proveedores, a quienes los bancos comienzan a devolver los pagarés. Los impagos a la plantilla comienzan en marzo -cuando sólo cobra puntual la mitad de los trabajadores y el resto tiene que esperar hasta el mediados de abril- y se generalizan en mayo. Un mes más tarde, se paralizan las obras en curso (Cizur y San Jorge son traspasadas a Vinsa ya casi concluidas) y se plantea un ERE de extinción de contratos, que afecta a casi todo el personal de obra: 28 trabajadores de apenas ya 50 (anteriormente se han producido más salidas). Tras un periodo de movilizaciones, la empresa eleva de a 20 a a 32 días por año trabajado su oferta de indemnizaciones. El acuerdo no ha sido cumplido.

En el momento de la firma del ERE, a los trabajadores se les adeudaba las nóminas de mayo, junio y julio, además de las indeminizaciones. A los trabajadores que fueron despedidos entre abril y mayo (aproximadamente una veintena) tampoco se les abonó el finiquito y quienes continúan en la empresa durante el verano siguen sin cobrar o haciéndolo con muchas dificultades y sin poder ir al paro. Diferentes fuentes calculan en más de un millón y medio de euros la cantidad adeudada a la plantilla.