andorra - El Consell General (Parlamento andorrano) aprobó ayer por amplia mayoría la Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias, que debe permitir dar una salida a la crisis de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Esta ley prevé la creación de Fondo Andorrano de resolución de entidades bancarias que funcionará con fondos aportados por el resto de entidades del país, de forma que los otros cuatro bancos del país, Andbank, Crèdit Andorrà, MoraBanc y Banc Sabadell d’Andorra, aportarán de manera excepcional e inmediata 30 millones de euros.
El proyecto de ley contó con el apoyo de buena parte del Consell General, ya que lo avalaron los grupos de Demòcrates per Andorra, Liberals d’Andorra y el Partit Socialdemòcrata “por responsabilidad”, mientras que los dos representantes de Socialdemocràcia i Progrés votaron en contra al dudar de la constitucionalidad de esta normativa.
En concreto, estos dos consellers sostienen que el proyecto de ley exime de responsabilidades al gobierno andorrano y a los administradores designados por el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF).
El proyecto de ley se aprobó a toda velocidad, dado que el miércoles por la tarde el recién nombrado Gobierno de Andorra lo aprobó en un consejo de ministros extraordinario que se celebró pocas horas después de que Antoni Martí fuera investido presidente andorrano.
El ministro de Finanzas, Jordi Cinca, insistió en que esta ley se inspiró en la directiva europea “para enviar un mensaje a la comunidad internacional de que se trabaja bajo el amparo de lo que dice la Unión Europea” y demostrar que el país “tiene la capacidad de encontrar una solución con mucha rapidez”.
También remarcó que la ley tiene por objetivo mantener la operativa de BPA abierta, aunque admitió “ciertas restricciones”, y añadió que la normativa debe servir para proteger “por encima de todo” los depósitos de los clientes.
Respecto a los 30 millones de euros que aportan los otros bancos andorranos, es la cifra total que se debería aportar al fondo en circunstancias normales a lo largo de los próximos diez años.
“La ley nace de manera prematura y no parece lógico esperar 10 años a tener el fondo listo cuando el problema lo tenemos ahora”, dijo Cinca, en alusión a dicho fondo sufragado por el sector bancario.
Esta ley crea además una Agencia para la Reestructuración y Resolución de Entidades Bancarias (AREB), un organismo que estará formado por cinco personas cualificadas y con experiencia en procesos similares, y que deberá plantear la mejor salida para BPA. Tres las nombrará el Gobierno y, las dos restantes, el supervisor andorrano (el INAF).
Además, el proyecto de ley contempla un amplio abanico de medidas, entre las que destacan las relativas a procesos de reestructuración, pensadas para entidades viables, o las referidas a procesos de resolución, en caso de inviabilidad o interés público. - Efe
‘Banco malo’. La normativa permitirá aislar en una especie de banco malo los activos y pasivos contaminados por las prácticas de blanqueo denunciadas por EEUU.
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La ley prevé la creación de Fondo Andorrano, donde los cuatro bancos del país aportarán de manera conjunta e inmediata 30 millones de euros.
