Pamplona - El largo conflicto en el sector de atención a la discapacidad parece llegar a su fin. CCOO y UGT anunciarán hoy los “significativos avances” hechos con el Gobierno de Navarra, con quien se reunieron ayer y que podrían servir para firmar el convenio colectivo de un sector que suma ya más de tres años de movilizaciones.

Estos dos sindicatos y LAB acudieron ayer a la reunión celebrada con la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, del que depende el sector. En ella, el Gobierno de Navarra, en el que se integra la Agencia, formalizó su propuesta a los representantes de los trabajadores. Este planteamiento supone incrementar la dotación económica que regirá los pliegos de condiciones de las nuevas adjudicación. Según fuentes cercanas a las conversaciones, el Gobierno reforzaría en unos 500.000 euros su aportación, un incremento que permitiría a su vez desbloquear la negociación del convenio entre las empresas adjudicaciones y los cuatro sindicatos con representación: UGT, CCOO, ELA y LAB.

El bloqueo del convenio, así como el reconocimiento de categorías, grados y condiciones, se encuentra en el origen del conflicto, que se ha traducido en protestas, concentraciones y paros. Las empresas adjudicatarias (Sarquavitae, principalmente) señalaban que la dotación que recibían del Gobierno resultaba insuficiente para cumplir con un convenio que afecta a unas 800 personas que atienden a más de 600 usuarios. La categoría más frecuente, la de cuidador, recibe una retribución bruta anual de 18.065,15 euros para una jornada de 1.582 horas.

El Gobierno de Navarra ya anunció hace meses a los sindicatos que estaba estudiando rescindir los contratos con Sarquavitae y planteaba un acuerdo para siete años, si bien las mejoras recogidas en el convenio solo serían de aplicación a partir del momento de la firma del acuerdo. Esto supondría renunciar a lo no percibido desde 2013 y era precisamente uno de los motivos por los que se concentraron ayer delegados de LAB y de ELA, que rechazaban la postura adoptada por el Gobierno de Navarra y en concreto por la Vicepresidencia de Derechos Sociales, dirigida por Miguel Laparra.