pamplona - El Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón al Gobierno Vasco en su recurso contra el Real Decreto que regula el Programa de Activación para el Empleo (PAE), que prevé una ayuda de 426 euros para desempleados sin protección, y lo ha anulado porque invade competencias autonómicas. El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros en 2014 tras el acuerdo con empresarios y sindicatos, atribuye al SEPE la financiación, gestión y pago de esta ayuda económica, además de la capacidad de reconocer o denegar el derecho de las personas potencialmente beneficiarias. El Gobierno Vasco lo recurrió por considerar que invadía las competencias autonómicas, dado que a su criterio, la gestión de esas ayudas debe recaer en el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), pues las políticas activas de empleo fueron transferidas a la CAV en 2010. El Constitucional considera que la ayuda económica controvertida encaja en el concepto de legislación laboral y su naturaleza es la de una subvención de fomento del empleo y de inserción laboral, algo que es competencia de la CAV.
El pasado año, el TC ya emitió una sentencia semejante con el Plan Prepara. En ella, reconocía que la gestión de estas ayudas era de las autonomías, pero llegó a un acuerdo con todas las comunidades para que el SEPE gestionara el Prepara hasta mayo para evitar que se dejaran de otorgar las subvenciones a personas desempleadas de largada duración. En la Conferencia de Empleo de septiembre, Navarra logró que se aprobara la compatibilidad de la renta garantizada con este tipo de prestaciones estatales. La propuesta de Navarra, que fue apoyada por la CAV, permite a partir de mayo que, por ejemplo, una unidad familiar de un miembro que cobre los 400 euros mensuales del Prepara, llegue a los 600 euros de la renta garantizada, a través de un complemento de 200 euros que aporta el Ejecutivo foral. De esta forma, Derechos Sociales se ahorra esos 400 euros. - D.N.
