pamplona - El presidente de UAGN, Félix Bariáin, anunció ayer la dificultad del sector agrario de encontrar temporeros para sus campañas, una situación que “hace peligrar la recolección de productos y la posibilidad de que agricultores y empresarios se inclinen por cultivos que no requieran mano de obra”. Bariáin, que estuvo acompañado del vicepresidente de la organización, Luis Miguel Serrano, reconoció que “son empleos a la intemperie, estacionales y, en ocasiones, de pocas jornadas”; pero a pesar de ello, el presidente de UAGN insistió en que “el cobro de la renta garantizada está suponiendo un freno a la hora de encontrar esos trabajadores”.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, rechazó de manera contundente esta afirmación porque se contrata personal de renta garantizada en el sector primario, se han reforzado los controles en materia de empleo, se alcanzó un acuerdo en verano con UAGN para atajar las irregularidades y se trabaja con esta organización agraria para mejorar la inserción laboral de perceptores en este sector, mediante el proyecto ERSISI, enumeró en una nota de prensa.
“El 3 de julio, Derechos Sociales pactó con UAGN que actuaría ante cualquier indicio de fraude en cuanto fuera puesto en conocimiento del departamento”, manifestó. “Sorprende, sin embargo, que hasta el momento no se haya recibido ni una sola denuncia y hoy -por ayer- se afirme que dicho fraude es generalizado”, continuó su exposición Derechos Sociales.
El departamento de Laparra añadió que “desde que se aprobara la renta garantizada, se han reforzado los controles” y que “se revisan en torno al 80% de los expedientes, de los que tan solo en un 6% se han detectado algún tipo de irregularidad”. Así remarcó que “a través de los casos puntuales -en los que se trabaja para erradicar- no se deben sacar conclusiones generalizadas que alimenten prejuicios sociales, especialmente contra las personas de origen extranjero”.
El presidente de UAGN consideró que “la renta garantizada es un fracaso del Gobierno y que provoca un efecto llamada”, ya que “en estas políticas subsidarias, la ayuda mínima es de 610 euros por persona en una unidad familiar; 977 euros con dos familiares a cargo y 1.220 euros como tope; a lo que hay que sumar ayudas al alquiler, a la escolarización, a comida, etc”. Derechos Sociales negó “el efecto llamada” y para ello aportó dos argumentaciones: “En 2018, por primera vez desde el inicio de la crisis el programa de renta garantizada se ha estabilizado e, incluso, ha tenido varios meses de ligero descenso”. Además, “las personas deben estar dos años empadronadas en Navarra para acceder a la prestación -un año las familias con hijos-”. Derechos Sociales recordó que el 14% de los más de 17.000 contratos a perceptores de renta garantizada en 2017 se realizaron en el sector primario, “un porcentaje superior al del peso de dicha actividad en el conjunto de la contratación”. Bariáin preguntó por qué de “los tres millones de euros presupuestados en ayudas para empresas que contraten a perceptores de renta garantizada solo se van a gastar 300.000 euros”.
Desde Derechos Sociales apuntaron a que hasta el momento en 2018 se han cerrado 14.500 contratos en diferentes sectores a unos 6.000 perceptores. “Este año las personas contratadas han crecido de media mensual un 57% respecto a 2016”, especificó.
el plan de empleo agrario El presidente de UAGN, Félix Bariáin, también achacó “la desesperante situación de los agricultores” a la supresión del plan de empleo agrario, “gracias al cual se eliminaron las mafias en el campo y se dieron de alta 60.000 empresarios agrícolas y trabajadores”. Bariáin recriminó que ese convenio “se eliminara por cuestiones políticas como -según él- reconoció Laparra”.
A pesar de su denuncia, Bariáin resaltó que “UAGN desea y exige que todo el mundo que de verdad necesite ayuda la tenga. Vivimos en una sociedad solidaria y moderna que mira por los intereses de las personas, sería una frivolidad generalizar, pero no podemos tolerar el fraude en las ayudas”, reiteró. A este respecto, Derechos Sociales recordó “la obligación de todo ciudadano de denunciar cualquier tipo de fraude en cualquier cuestión”. Pero UAGN consideró que inspección debe realizar los controles y pidió “más Policía Foral para esta labor”.
Derechos Sociales quiso apelar a UAGN a “seguir colaborando para poner medios necesarios que redunden en un doble objetivo compartido: el mantenimiento y la creación de empleo digno en el sector de la agricultura y la necesidad de protección social de quien carece de empleo”. El departamento recordó que la próxima semana tienen una jornada con UAGN y otras organizaciones en el marco del proyecto ERSISI de la Ribera. - S.Z./Agencias
