“Hay que preguntar a los regantes de la Ribera quiénes quieren entrar al Canal antes de redactar y aprobar la segunda fase”

¿Por qué rechaza la Comunidad General de Regantes el incremento de tarifa del 2% propuesto por Canasa?

-No aceptamos ese aumento, que supone unos 100.000 euros, ya que de acuerdo con los informes que disponemos, basados en los convenios del Estado y Navarra, el importe de la tarifa de 2019 debería ser la misma que la de 2018. Incluso, tendríamos que pagar algo menos. Canasa puede ahorrar en otros capítulos de gasto y así evitaría tener que subirnos ese 2%.

¿Cómo?

-El Gobierno de Navarra aprobó un préstamo de usos expectantes de 77 millones para Canasa, repartido de manera gradual entre 2014 y 2026, para después devolverlo a un interés del 3% entre 2027 y 2040. La aportación actual sirve para generar un fondo en Canasa para cuando haya que afrontar la construcción de la segunda fase del Canal; pero como este proyecto todavía no se está ejecutando, planteamos que el Gobierno de Navarra no inyecte la cantidad de ocho millones anuales por el préstamo de usos expectantes, que genera unos intereses de 240.000 euros. Si no se presta ese dinero, se ahorra esos intereses, que son más de lo que nos pide a los regantes. Esto ya lo propusimos antes al igual que el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y ahora lo volvemos a plantear.

¿Qué debe pasar para llegar a un acuerdo con Canasa?

-Negociar. En 2018 la anterior presidenta de la empresa gestora del Canal nos anunció ese aumento y al concluir el verano enviamos a Canasa la propuesta de reducir gastos en otros capítulos para evitar aplicar esta subida y mantenernos la tarifa vigente, pero todavía no nos han contestado.

¿Y ahora están sin convenio?

-En febrero de 2019 nos reunimos con la nueva presidenta de Canasa, Juana María Lázaro. Le expusimos que era necesario sentarnos a hablar ya que carecemos de un convenio único con los regantes, porque concluyó el 31 de diciembre de 2018, y que no sabíamos qué tarifas se iban a aplicar este año. Si estuviera vigente el convenio de 2018 ya tendríamos que haber hecho un primer pago este año a Canasa y no se ha realizado, aunque las comunidades han recaudado el dinero que calculamos debemos cubrir para cumplir con dicha tarifa.

¿La Comunidad General de Regantes tiene prisa para acordar este precio y el convenio?

-Para llegar a un acuerdo, porque otorga seguridad a los regantes. Si fuera posible nos gustaría pactar un convenio para el resto de décadas que quedan por abonar, pero posiblemente tendremos que firmar uno para unos dos o tres años. En el anterior convenio, quisimos poner una cláusula de prórroga para impedir llegar al vacío legal en el que nos encontramos ahora, pero en aquel momento Canasa la suprimió.

Tras expirar el convenio el 31 de diciembre de 2018, ¿en qué situación se encuentran?

-Inicialmente los 15 sectores de la zona regable de la primera fase del Canal tenían su propio convenio. En 2016 se fusionaron en uno y se añadieron los sectores de la ampliación de la primera fase. En este convenio único se incluyó un apartado en el que se indicaba que si no se renovaba, las comunidades de regantes debían volver a su situación anterior; así que ahora estamos peor, porque los sectores de la primera fase tienen sus convenios individuales, pero los de la ampliación no disponen de ese documento y, en teoría, no se les debía suministrar agua. Esperamos juntarnos pronto con Canasa.

La Comunidad General de Regantes defiende las 59.000 hectáreas de la infraestructura. Pero, ¿cómo se van a regar si con la actual dotación de riego de 6.400 m3/ha y la concesión de agua de 340 hm3 no se puede cubrir esta demanda?

-Ya se dio una solución en la planificación de la ampliación de la primera fase, pero el Ministerio de Agricultura no la aceptó.

¿En qué consistía?

-Nos propusieron reducir la dotación de 6.400 a 5.500 m3/ha para todos los regantes; pero las asambleas generales de los regantes de la primera fase rechazaron este planteamiento. La Comunidad General comunicó al Gobierno y a Intia que no se oponía a la totalidad de las hectáreas pero que debía mantenerse la dotación de 6.400 m3/ha. Indicamos que había 3.000 hectáreas en Andosilla, Azagra y San Adrián que solo necesitaban 3.000 m3/ha y que había una reserva de agua de 17 hm3 de abastecimiento que podía añadirse a la concesión de Itoiz de 340 hm3 para riego. La propuesta de ampliación incluyó estas modificaciones en la dotación y concesión, pero el Ministerio rechazó estos cambios hasta que no se justificara el uso total de los 340 hm3.

Entonces, ¿cuál es la solución?

-Se podría reducir la dotación de agua de 6.400 m3/ha, que debería llevar aparejada una reducción de la cuota fija que hay que pagar, en aquellas comunidades de regantes que lo solicitaran, y se mantendría la dotación de 6.400 m3/ha al resto. Este planteamiento existe en todas las grandes comunidades de regantes en España.

¿Quién tiene la culpa de que el proyecto de ampliación de la primera fase del Canal no esté ya en funcionamiento?

-Todos los implicados en esta infraestructura deben asumir sus responsabilidades: desde regantes, concesionaria, Canasa, Intia hasta las Administraciones.

¿Se preguntó a los regantes de la ampliación si querían entrar en el proyecto?

-No. En 2012, la ampliación era un secreto, incluso, preguntábamos sobre este proyecto y nos decían que no había nada. Los presidentes de las comunidades de la primera fase del Canal no rechazamos la ampliación, pero sí manifestamos que había aspectos que debían modificarse, sobre todo porque la Comunidad General de Regantes debía hacer la tramitación para que entrara esa zona de riego, ya que dispone de la concesión de agua del embalse de Itoiz. Pedimos que antes de incluir cada zona de riego en el Canal se preguntara a las comunidades si querían entrar, pero como no se hizo, ha traído consecuencias y ha retrasado las obras. Una vez aprobado el proyecto, Lerín y Cárcar manifestaron su negativa al Canal y Peralta aceptó un año más tarde con condicionantes.

¿Qué otros motivos han provocado que se dilate la obra?

-Por ejemplo, Canasa tardó en licitar el ramal que une el Canal con los sectores de la ampliación un año, porque no había un acuerdo sobre el incremento de las tarifas con los regantes, en las que pedía aumentos del 60%. Los regantes retrasaron las concentraciones parcelarias y hubo ralentización en los proyectos de riego desde Intia y Desarrollo Rural. A pesar de que el calendario de ejecución se ha demorado, cuando Aguas de Navarra ha comenzado las obras ha cumplido los plazos, pero a los regantes nos hubiera gustado que hubiera terminado en menos tiempo, por ejemplo en 2016 se podría haber conectado Falces.

¿Por qué señala que Aguas de Navarra actúa ahora más por sus propios intereses que por los del proyecto?

-Al principio iba bien, pero la situación cambió cuando hubo modificaciones de los presupuestos, unas obligadas por el actual Gobierno de Navarra y otras planteadas por la propia concesionaria -de las que unas admitió el Gobierno y otras no aceptó-. Los pliegos del contrato estaban redactados en una fecha determinada. Entonces cuando hubo que aprobar estos cambios presupuestarios, el interventor dijo que solo se podían admitir si se producía la modificación del contrato de acuerdo a la normativa estatal que había cambiado. Esto suponía más retrasos en los pagos.

¿A quién perjudica que las 15.275 hectáreas de la ampliación no estén funcionando?

-Principalmente a Canasa porque está dejando de ingresar casi un millón de euros solo en 2018; a Aguas de Navarra porque no puede rentabilizar las inversiones que ha hecho hasta ahora; y sobre todo a los regantes porque tenían unas previsiones para sus explotaciones que no se están cumpliendo con los consiguientes perjuicios económicos.

¿La Comunidad General de Regantes ha visto el informe de alternativas de la segunda fase?

-No, estamos esperando. En 2018 Canasa adjudica el contrato para el estudio de alternativas para la segunda fase; y en abril de ese año, la Comunidad General pide a Canasa tener voz en esta fase del proyecto, junto a los regantes de la Ribera y abastecimientos. Aceptaron nuestra petición y escucharon nuestras inquietudes, y se redactó el informe. En ese momento, preveían que en septiembre conocerían el estudio, que lo tratarían en el consejo de administración y que nos lo presentarían; pero en este proceso, se produjo la moción de censura a Rajoy, que provocó la paralización del proyecto. En febrero de este año, la presidenta de Canasa nos trasladó que nos pasará el informe en el momento en que esté analizado.

¿Por qué ha pedido elaborar un estudio económico financiero “realista” de la segunda fase?

-Porque con este informe podremos calcular las tarifas que van a pagar los regantes. Es de sentido común.

¿Al hablar de informe “realista” es porque el de la primera fase y el de la ampliación no lo fueron?

-Primó el optimismo, ya que el actual sistema tarifario que tiene Canasa es irreal.

¿Cree que hay que preguntar a los regantes de la Ribera antes de diseñar el proyecto?

-Es fundamental explicar bien este proyecto a los futuros usuarios, dar toda la información posible para que tomen una decisión y con ella redactar el proyecto. Pero también la Administración debe tener en cuenta a posibles usuarios que se puedan incorporar en el medio y largo plazo. Esta obra va a marcar el futuro de Navarra, no solo de la agricultura, sino también de la industria y de la población.

El actual Gobierno en funciones dijo que iba a consultar a los regantes porque pagan el 50% del proyecto. ¿No ha preguntado todavía?

-El departamento lo hizo en 2016 cuando Intia elaboró el estudio sobre las necesidades de agua en la Ribera. Pero apenas contestaron un 5% de los regantes, porque no pueden responder hasta que no conozcan el coste. Por ese motivo, es clave el estudio económico-financiero de las alternativas para llevar agua a la Ribera.

¿Por qué el maíz es el cultivo que más escogen los agricultores?

-Por la facilidad al cultivarlo, por la poca necesidad de mano de obra agrícola y porque está muy mecanizado. La elección del maíz como cultivo está condicionada por la producción que se obtiene en cada parcela, por el precio y su rentabilidad. Por ejemplo, en Obanos, Puente, Añorbe, Artajona, Larraga o Mendigorría se cosecha menos toneladas que en Peralta, Caparroso, Olite o Marcilla. El año pasado ocupó el 27,4% de las hectáreas de la primera fase e incrementó el número de superficie sembrada después de cinco años a la baja por el descenso del precio que se percibía por este producto.

¿Cómo elige el regante qué cultivo va a sembrar?

-La demanda de los productos agrícolas es muy inestable, porque cuando el consumidor pide, el productor cultiva, y con el exceso de oferta, desciende el precio y se hunde el mercado, y en la campaña siguiente ya no se siembra esa variedad. Pero entre 2009 y 2018 ha incrementado la diversidad de cultivos, al pasar de 25 a 47 en la primera fase gracias al agua del Canal, como ejemplo, la Cooperativa Agrícola de Artajona fue pionera en el desarrollo de la remolacha, tras interesarse la empresa Azucarera por esta zona. Por otro lado, hay muchos aspectos de los cultivos para la agroindustria que el regante no puede controlar como las exigencias de las empresas en la recolección, algo que repercute en sus ingresos y que le frena a la hora de optar por determinados productos.

¿Satisfecho con las dobles y triples cosechas que se están realizando?

-Está dentro de las previsiones que manejaba la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra. El producto de doble y triple cosecha se destina a la empresa agroalimentaria, como guisantes, alubia verde, habas, espinaca, etc. Se podría y debería producir más, pero el problema radica en la discrepancia entre agricultores y la industria en cómo y cuándo se recogen estos alimentos. Son cultivos que tienen un desembolso y riesgo importantes para el agricultor, aunque puede obtener un beneficio económico mayor que en otros. Por ese motivo, ante el peligro de que la industria rechace parte de la cosecha por una circunstancia determinada, los agricultores prefieren asegurar sus ingresos con cultivos con menos riesgo como el maíz, la viña y cereal, que además son los más demandados.