PAMPLONA. ELA ha considerado "inaceptable" el acuerdo suscrito por la CEN, UGT y CCOO para recuperar el delegado territorial de prevención de riesgos laborales y ha rechazado que el Gobierno foral "retome la financiación pública" de esta figura que, a su juicio, es "ineficaz".

En un comunicado, el sindicato ha criticado "la falta de voluntad de este Gobierno de romper con las políticas públicas de concertación social de UPN" y se ha ratificado en su decisión de "abandonar del Consejo Navarro de Salud Laboral".

ELA ha explicado que la creación del delegado territorial para la prevención de riesgos laborales se sitúa en el acuerdo intersectorial firmado por CEN, UGT y CCOO en 1995 y ha criticado que "desde su habilitación en 2002, ha implicado la incesante asignación de recursos públicos a su financiación".

Según ha indicado, "dicha figura dependía de la Comisión Mixta de Salud Laboral, representada en exclusiva por las firmantes del acuerdo, y que acordaba con carácter discrecional las personas habilitadas, las empresas a visitar y las líneas de actuación".

"El sistema, además de suponer un intento de vetar el modelo de contrapoder que ELA defiende, se empleó durante años para reforzar con dinero público el modelo de diálogo social que dichas organizaciones representan", ha sostenido el sindicato.

En su opinión, en 2015, "con la retirada de la financiación pública y la consecuente supresión del sistema, se abrió una oportunidad para desarrollar iniciativas basadas en el incremento de los recursos asignados a la propia Administración, como la campaña de visitas a empresas, la revisión del Plan Diana o el Plan de Desamiantado de Navarra".

Sin embargo, ha censurado que "el Departamento de Manu Ayerdi e Izaskun Goñi ha terminado por ceder, obviando las propuestas realizadas por ELA y LAB en el marco del Consejo Navarro de Salud Laboral, y acordando fuera de él la asignación directa de recursos públicos a CEN, UGT y CCOO".

En concreto, según ELA, "esta nueva habilitación del delegado territorial de prevención de riesgos laborales se enmarca en el acuerdo intersectorial de Navarra sobre relaciones laborales firmado por CEN, UGT y CCOO en octubre de 2018, que ha contado con la asignación de 400.000 euros del Presupuesto General de Navarra de 2019, y que supone una cuantía similar a la destinada durante toda legislatura al propio Plan de Acción de Salud Laboral".

Para el sindicato, "los medios públicos en materia de salud laboral deben destinarse a contratar directamente desde la administración personal técnico para hacer frente a la lacra de la siniestralidad y la enfermedad profesional, en lugar de utilizar la prevención como escusa para financiar sindicatos". Y ha recordado que esta decisión fue el "detonante" para su abandono del Consejo Navarro de Salud Laboral.

Finalmente, ELA ha reiterado su rechazo a "la habilitación y financiación pública de dicha figura, de la que no constan indicadores de su eficacia, y que se ha demostrado irrelevante frente al incremento de los índices de siniestralidad que se viene produciendo desde 2012 en Navarra".