pamplona - Navarra dispone ya de un diagnóstico académico propio del fraude fiscal. El análisis técnico de un problema cuyo remedio depende en buena media de la voluntad política, que le costó a la Comunidad Foral más de 4.000 millones de euros, unos 2.500 en impuestos y otros 1.500 en cotizaciones, durante la gran recesión (2008-2013) y que creció de forma llamativa con el auge del sector de la construcción, que vivió los años más boyantes de su historia entre 1998 y 2008. Hoy este actividad supone apenas un 40% de lo que fue y, del mismo modo, la estimación acerca de la economía sumergida se ha reducido en la última década prácticamente a la mitad.

Son algunas de las conclusiones que se pueden extraer del informe que a lo largo del pasado curso académico elaboraron tres investigadores de la UPNA. Pedro Pascual Arzoz, Antonio Gómez, Gómez-Plana y Vicente Ríos Ibáñez entregaron el pasado 5 de julio al Departamento de Hacienda su trabajo, de más de 200 páginas, que el pasado lunes fue conocido por la Comisión contra el Fraude Fiscal, que tiene como objetivo reducir una lacra que afecta a Navarra menos que la media española, pero más que algunas de las economías más eficientes de Europa. Y que, de reducirse a la mitad, un objetivo más alcanzable que su eliminación completa, permitiría a la Comunidad Foral, disponer, en una estimación a la baja, de unos 200 millones de euros más al año para, por ejemplo, mejorar la sanidad o el estado de las carreteras.

A través de distintos indicadores (desde el flujo de dinero hasta el consumo de electricidad o el puramente contable) los tres investigadores llegan a una conclusión principal. La curva del fraude de Navarra dibuja a lo largo de las dos últimas décadas una U invertida. Con un pico que se alcanzaría entre 2006 y 2007, coincidiendo con los años del furor urbanístico, cuando se llegaron a construir unas 12.000 viviendas al año en Navarra y cuando el volumen de dinero en efectivo se disparó hasta los máximos históricos. El desarrollo del negocio inmobiliario, promotor y constructor aparece, por tanto, íntimamente ligado a un fenómeno que llegó a costarle a Navarra en torno a 900 millones al año en forma de impuestos no ingresados: más de un 20% de su presupuesto anual y suficiente, en aquellos años, para pagar la nómina completa de todos los trabajadores públicos.

Porque la mayor parte de los modelos coincide en un elemento. El tamaño de la economía sumergida comienza a crecer en Navarra y en España de modo relevante a partir de 1995, cuando se supera la crisis económica de principios de los años 90 y comienza a vislumbrarse el cambio de la peseta al euro. Es llamativo, por ejemplo, el modo en que desciende el dinero en efectivo en circulación antes de la entrada en vigor de la moneda única, un síntoma de la regularización de dinero negro llevada cabo entonces. Y resulta todavía más agudo el crecimiento posterior, que toca techo en 2008. Lo explica Vicente Ríos Ibáñez, uno de los investigadores: “Se observa que el periodo del euro está asociado a un crecimiento neto de la economía sumergida. Este resultado, que aparentemente es algo contraintuitivo, podría explicarse por el auge de la economía sumergida en los años previos a la crisis coincidentes con el periodo de la burbuja. O bien porque, con el cambio de moneda, los billetes de 500 euros, en relación al billete de 10.000 pesetas, han sido un vehículo mucho mas útil para el blanqueo de dinero negro y evasión fiscal”. En otras palabras: ninguna otra moneda en el mundo permite acumular más cantidad de dinero en un menor espacio.

En 2016, unos 678 millones De este modo, según el método MIMIC, uno de los cuatro que emplean los investigadores y el que permite obtener resultados relativamente homogéneos y comparables con otros países, la economía sumergida alcanzó en 2007 un 20,4% del PIB, cinco puntos más que Alemania, ocho más que Francia o el doble que en Luxemburgo, Reino Unido u Holanda. Un diferencia que se estrechó de manera significativa en los años posteriores a la crisis, pero cuya evolución a partir de 2016, de nuevo en años de fuerte crecimiento, resulta desconocida. Por ello, con un fraude que en 2016 estaría rondando el 10-11% del PIB, el estudio cifra en unos 678 millones de euros la merma recaudatoria que habría tenido Navarra en el último año.

No es descartable por tanto, que vuelva a crecer, tanto por razones de estructura económica, como de una insuficiente dotación de recursos en Hacienda. Pero también culturales. “En España y en la Comunidad Foral de Navarra la moral fiscal es baja -escribe Vicente Ríos, otro de los investigadores-. Por una parte hay una tolerancia social considerable con los delitos monetarios (robos, estafas y similares) y la idea de que defraudar a Hacienda no es algo moralmente muy reprobable, sigue estando presente en la sociedad”.