alerta sanitaria

Bruselas avisa del riesgo de una similar a la de 2008

La CE pretende movilizar 25.000 millones para cubrir las necesidades de los sistemas sanitarios

12.03.2020 | 00:56

Bruselas – La Comisión Europea (CE) advirtió ayer de que la epidemia de coronavirus amenaza con provocar una crisis semejante a la crisis financiera de 2008 en ausencia de una respuesta urgente y coordinada y anunció que esta semana concretará sus propuestas para flexibilizar las normas fiscales y de ayudas de Estado, así como para usar fondos estructurales para paliar la crisis.

"Las consecuencias económicas del coronavirus serán muy graves. En la Unión Europea (UE) debe hacerse todo lo necesario y posible. Si no ahora, ¿cuándo?", escribió el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en su perfil de la red social Twitter.

Durante una videoconferencia el martes en la que participaron los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ya pidió a los mandatarios no ser complacientes ante la epidemia del coronavirus, indicaron fuentes comunitarias.

Lagarde añadió que, sin embargo, con la respuesta adecuada el impacto será temporal y recordó que el BCE tomará medidas a partir de hoy.

Flexibilidad Tras la videoconferencia de los líderes este martes, la UE ha anunciado que su respuesta al impacto socioeconómico de la epidemia pasará por aplicar con "flexibilidad" las normas de disciplina fiscal y de ayudas de Estado, así como por garantizar la liquidez de las empresas y tomar medidas para las pymes, los sectores más afectados y sus empleados.

En este sentido, la CE anunció que pondrá en marcha una iniciativa con la que pretende movilizar hasta 25.000 millones de euros en inversiones para ayudar a cubrir las necesidades de los sistemas sanitarios, apoyar a las pymes y los sectores más afectados –hasta ahora el turismo y el transporte– y al mercado laboral.

Ayer, el portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, precisó en rueda de prensa que esta iniciativa permitirá que los Estados miembros utilicen 7.500 millones de euros en fondos estructurales que les habían sido atribuidos pero, al no haberlos utilizado, habrían tenido que devolver al presupuesto comunitario.