Los talleres piden a la autoridad laboral que aprueben con urgencia los expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal por el estado de alarma ante la pandemia del coronavirus.

La Comunidad Foral registra casi 650 talleres, que engloban a unas 3.000 personas empleadas. La Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos apoya la petición realizada por su organización estatal, Cetraa (Confederación Española de Reparación de Automóviles y Afines), y también Conepa (Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción). Ambas aglutinan a 47 asociaciones de talleres, con presencia en todas las comunidades, que suponen 35.000 empresas directas.

Estas dos organizaciones del sector del mantenimiento y la reparación de vehículos automóviles y motocicletas solicitan al Ministerio de Trabajo y a los gobiernos autonómicos que reconozcan "de forma automática y sin necesidad de informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la autorización de ERTE por fuerza mayor y la resolución de los expedientes a la mayor brevedad posible". Justifican la necesidad de regular a sus plantillas por las restricciones a la movilidad de las personas en el estado de alarma; por no poder abrir los talleres al público en general; por la falta de suministros de recambios y otros productos necesarios para reparar vehículos; para proteger la salud de los trabajadores y evitar su contagio; y por el absentismo de la plantilla debido a la actual situación. Las dos entidades consideran imprescindibles los ERTE "para garantizar la supervivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo".

La Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos asesora a sus más de 500 integrantes, que engloban a unos 550 negocios, sobre cómo deben tramitar los ERTE.

Cetraa y Conepa señalaron que el Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana cuantificó el descenso en la movilidad por carretera en un 89% durante los primeros cuatro días de estado de alarma.

Los talleres únicamente ofrecen servicios mínimos para atender salidas en carretera, a transportistas, a servicios públicos (ambulancias, bomberos, policía...) y vehículos particulares utilizados para realizar los desplazamientos permitidos en el real decreto que regula el estado de alarma.