El Gobierno aprueba un primer tramo de 8.000 millones de la nueva línea de avales del ICO

5.000 millones serán para pymes y autónomos y 3.000 para otras empresas

29.07.2020 | 01:21
Nadia Calvino, Carmen Calvo, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Teresa Ribera en la reunión de ayer. Foto: Efe

madrid – El Gobierno aprobó ayer la puesta en marcha de un primer tramo de 8.000 millones de euros de la nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe conjunto de 40.000 millones de euros para empresas, después de que la primera línea de 100.000 millones de euros se haya agotado y sigan existiendo necesidades de financiación. Así lo confirmó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar ayer por la mañana.

De los 8.000 millones de euros liberados, hasta 5.000 millones quedarán reservados para el colectivo de pymes y autónomos y 3.000 millones para el resto de empresas, y estarán orientados también a fomentar la inversión productiva para que en la segunda parte del año las compañías puedan adaptarse a las nuevas circunstancias del futuro. De este modo, la nueva línea de créditos está destinada no solo a financiar capital circulante, sino también a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas en las que se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

La nueva liquidez mantiene el diseño, gestión y modelo de asignación de la anterior línea, solamente se amplía el periodo de amortización de cinco a ocho años, debido a que la idea es concentrar los créditos en nueva inversión. De igual forma, el aval del Estado cubre el 80% de los nuevos préstamos del colectivo más vulnerable –autónomsos y pymes–, y el 70% en el resto de empresas. Igualmente, se continúa con la asignación de los avales entre los operadores en proporción a su cuota de mercado.

fecha de solicitud Los autónomos y empresas interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 1 de diciembre de 2020, mientras que quienes recurran a esta vía de financiación no podrán tener su sede en paraísos fiscales y los recursos avalados no podrán emplearse para el pago de dividendos.

En este orden de cosas, aseguró que los avales públicos canalizados por el ICO, que en su conjunto ascenderán a 140.000 millones de euros, unidos al resto de medidas de apoyo presupuestario y a la aportación privada, tendrán un impacto conjunto que asciende a un 20% del Producto Interior Bruto (PIB) previsto para 2020.

Nadia Calviño aseguró que la actuación del Gobierno ha permitido movilizar en España un volumen de avales que se consolida como el mayor en términos de PIB en comparación con el resto de países del entorno. En este sentido, y ante el elevado uso de la anterior línea de avales de 100.000 millones de euros, el Ejecutivo ha decidido abrir este tramo de financiación adicional.

Según los últimos datos disponibles trasladados por Calviño, se han garantizado ya 741.542 operaciones con la anterior línea de avales, con garantías por 70.206 millones de euros que han permitido canalizar más de 92.000 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19. Más del 97% de las operaciones avaladas (719.830) se concentran en pymes y autónomos, con un importe de 51.003 millones.

en breve

Garantía. El Gobierno aprueba una nueva línea de avales por un importe conjunto de 40.000 millones de euros para empresas, después de que la primera línea de 100.000 millones de euros se agotara. Los créditos están destinada a impulsar la actividad inversora y fomentarla en las áreas en las que se genere mayor valor añadido, en torno a dos ejes principales: la sostenibilidad medioambiental y la digitalización.

Solicitud. Los autónomos y empresas interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 1 de diciembre de 2020, mientras que quienes recurran a esta vía de financiación no podrán tener su sede en paraísos fiscales y los recursos avalados no podrán emplearse para el pago de dividendos.