- El Consejo de Ministros aprobó ayer un techo de gasto para 2021 de 196.097 millones de euros, un máximo histórico tras la incorporación de parte del fondo de recuperación europeo y la transferencia a otras administraciones para un año en el que se prevé un déficit del 11,2 % del PIB en 2020 y una caída de la economía del 7,7% en 2021 a causa de la crisis económica derivada del coronavirus. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó en rueda de prensa que este techo de gasto “inédito” supera en un 53,7% el límite base de 2020, lo que lo sitúa como un récord, por encima de los 182.439 millones de 2010.
Montero matizó que restando los presupuestos excepcionales añadidos por la pandemia, el presupuesto sería de 136.779 millones de euros. A estos hay que sumarles otros 27.436 millones de la primera anualidad de los fondos europeos de recuperación de la covid-19, 18.396 millones de una transferencia extraordinaria a la Seguridad Social, y 13.486 millones de una transferencia extraordinaria a las comunidades autónomas.
El déficit que el Gobierno estima este año, de un 11,3% del PIB, está incluso por encima del 10,34% remitido a Bruselas en abril, y del 10,7% que llegó a alcanzarse en 2012. Tanto el presente ejercicio como el del año que viene, en el que se espera que la economía caiga un 11,2%, no tienen límites oficiales por la suspensión de las reglas fiscales, también aprobada ayer.
Esta medida se materializará mediante la derogación de los objetivos vigentes y la solicitud al Congreso de los Diputados que declare, en palabras de Montero, “que efectivamente nos encontramos ante una pandemia”. Es decir, el Gobierno observa que se dan las condiciones previstas en la Constitución para suspender las reglas fiscales, algo sobre lo que la ministra de Hacienda se mostró convencida que la Cámara Baja “va a respaldar”.
La portavoz del Ejecutivo puntualizó que esta suspensión de las reglas fiscales “no significa que este Gobierno renuncie al principio de estabilidad presupuestaria” ni a la “prudencia” para realizar los Presupuestos. La ministra destacó que la referencia de 2021 ya prevé una importante corrección con respecto a 2020, de 3,6 puntos, que no se realizará mediante recortes sino que será “compatible con una política que fortalece el Estado del bienestar”.
Así, el reparto inicial del déficit de 2021 será de un 2,4% para la administración central, un 2,2% para las comunidades autónomas, un 3% para la Seguridad Social y un 0,1% para las entidades locales. Sin embargo, estas referencias se verán alteradas por las dos transferencias extraordinarias que el Estado va a hacer a la Seguridad Social y las comunidades autónomas, de 18.396 y 13.486 millones, respectivamente, para paliar los efectos de la pandemia.
En la práctica, estas partidas supondrán que la administración central asuma parte del déficit de los subsectores beneificiarios, de manera que el desfase del Estado alcanzará el 5,2%; el de las comunidades autónomas, el 1,1%; el de la Seguridad Social, el 1,3%, y el de las entidades locales, el 0,1%.
A diferencia de las previsiones sobre la caída del PIB, un 2,4% mayores que en abril, los datos que maneja el Gobierno dan lugar a rebajar el pesimismo sobre la subida del paro respecto a lo que reflejaban los informes macroeconómicos que el Consejo de Ministros presentó hace medio año. Si bien por aquel entonces el Ejecutivo español asumió una subida del desempleo del 19% en 2020, ayer la situó en 17,1%, 1,9 puntos menos.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, admitió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ayer que “el ejercicio de hacer previsiones económicos es especialmente complicado en un entorno como el actual, marcado por una alta incertidumbre”. A pesar de ello, la portavoz del Gobierno se aventuró a estimar el paro en torno al 16,9% a finales de 2021.
Ahora son el Congreso y el Senado los que deben autorizar la aplicación del borrador elaborado por el Consejo de Ministros. El próximo paso lo debe dar la Mesa de Cámara Baja, que al publicar el proyecto, abrirá un plazo de quince días para que los partidos presenten enmiendas a la totalidad. Si son rechazadas, el proyecto seguirá adelante con opción de presentar enmiendas parciales en comisiones sectoriales.
En caso de superar este escollo, la mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda estaría condicionada, en principio, por la mayoría que invistió a Pedro Sánchez, que deberá aprobar los presupuestos antes de que termine el año para que no se prorroguen los de 2020, sin ninguna medida adicional por el coronavirus.
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