- Navarra también siente los efectos de la carrera por rebajar impuestos a los más ricos que encabeza Madrid desde hace casi una década. Desde 2014, año previo a la reforma fiscal que retocó al alza el impuesto y con Madrid ya bonificándolo al 100%, el número de contribuyentes que declara patrimonios de más de cinco millones ha caído un 15%. O bien se han marchado de Navarra o bien han pasado a tributar en tramos inferiores, repartiendo o reduciendo su patrimonio.

En términos relativos, el descenso en el número de declaraciones supera el 15% entre 2014 y 2018, único periodo en el que es posible efectuar un cálculo homogéneo. Hasta este momento, Hacienda foral no distinguía el número de declaraciones presentadas por tramos específicos y englobaba en un mismo grupo a todos aquellos que superaban los 1,5 millones de euros de base imponible. Así, Navarra contaba con 441 declarantes que superaban los cinco millones de euros de base en 2013, una cifra que incluso creció hasta los 446 al año siguiente. A partir, de ahí la tendencia a la baja ha sido constante. En 2016, había ya solo 406 declaraciones; al año siguiente, 401. Y en 2018, último año del que hay datos, la cifra se queda en 376. De ellos, 132 (57 menos que en 2014, el mayor descenso por tramos) superaban los 10 millones de euros en patrimonio declarado.

Crece, por el contrario, el número de contribuyentes que declara entre 1,5 y cinco millones de euros, lo que podría indicar que, además de una cierta fuga de contribuyentes, otros han pasado a tributar en tramos inferiores.

Los efectos de este adelgazamiento en el número de grandes bases imponibles se sienten, aunque en menor medida, en la recaudación, que también ha mostrado en los últimos años algunos síntomas de debilidad. De este modo, los 446 grandes patrimonios de Navarra aportaron en 2014 una cuota de 18,71 millones de euros. Cuatro años más tarde, los mayores 376 declarantes generaron una cuota de 17,25 millones de euros. Un descenso del 7,8%.

Desde su recuperación completa entre 2012 y 2013, y pese a que los datos parciales de 2020 muestran una sensible recuperación, la recaudación total de este impuesto, ahora en discusión en toda España, también muestra una cierta curva a la baja. Los 51 millones recaudados en 2013 nunca se han vuelto a superar y el año pasado marcó el mínimo histórico para un impuesto que fue eliminado en 2008 y que se recuperó en 2012, cuando no quedó otro remedio ante la magnitud de la crisis. El año pasado apenas se ingresaron 33 millones de euros en Navarra.

De hecho, los retoques fiscales que se aplicaron entre 2015 y 2016 al impuesto, con una rebaja en el mínimo exento y la inclusión de bienes afectos a la actividad empresarial -hasta entonces un coladero para rebajar la factura en algunos casos-, tuvieron un impacto muy moderado en la recaudación. Así, el Gobierno de Navarra estimaba en 14,4 millones el incremento recaudatorio, si bien en el mejor de los casos este se quedó en unos tres millones de euros, lo que podría reflejar una salida de declarantes con elevados patrimonios que buscan territorios mucho más propicios para su interés.

Porque el impuesto resulta especialmente progresivo. Así, según los datos del Consejo General de Economistas y de los asesores fiscales, una persona que declare en Navarra un patrimonio de unos 800.000 euros (al margen de su vivienda habitual) paga en Navarra apenas 475 euros al año. La cuota, en cambio, supera los 32.000 euros para patrimonios de más de cuatro millones de euros y se dispara hasta los 228.670 euros en el caso de patrimonios de más de 15 millones de euros.

Estas cifras, con algunas variaciones, son similares en la mayor parte de los territorios, excepto en Madrid, que lo bonifica al 100%, y La Rioja, que ha apostado por reducir drásticamente el impuesto para atraer sobre todo a contribuyentes de Navarra y de la Comunidad Autónoma Vasca, territorios que históricamente han hecho valer su autonomía fiscal para atraer empresas e inversiones.

Pero es el caso de Madrid el que más impacto tiene en otras comunidades y el que se sitúa ahora mismo en el centro del debate político, al haber mostrado el Gobierno de Pedro Sánchez su intención de "armonizar" entre las diferentes comunidades tanto el Impuesto de Patrimonio como el de Sucesiones y Donaciones. La decisión genera un fuerte rechazo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ha hecho de los impuestos bajos y el descuido de algunos servicios públicos (el número de camas por habitantes, por ejemplo, es uno de los más bajos de España) una constante en los últimos años. Y responde a la presión de comunidades como la valenciana, que consideran que estas prácticas suponen un dumping fiscal que debe evitarse. De hecho, la hacienda valenciana ya investiga a 60 patrimonios por un posible cambio de domicilio ficticio.

1,5%

El impuesto hace recaer el pago en una proporción muy pequeña de los ciudadanos, aquellos que poseen bienes por mayor valor. Así, el 1,5% de los contribuyentes sujetos a este impuesto (132) aporta casi el 28% de su recaudación final.

8.896

En total, el impuesto afecta a 8.896 personas, lo que supone apenas el 1,4% de la población navarra. La base imponible del impuesto está compuesta sobre todo por fondos de inversión y por ahorro canalizado en acciones cotizadas. Junto a ello, los bienes de naturaleza urbana (viviendas y chalets) suponen los componentes principales de un tributo que se ha ido extinguiendo en buena parte de Europa.

Donde no se paga. Según el Consejo General de Economistas, los cónyuges, descendientes y ascendientes prácticamente no pagan el impuesto de sucesiones en Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid y Murcia, así como en los territorios forales del País Vasco. La situación varía en el resto de regiones, con tipos bajos e incluso cero para determinados umbrales, bonificaciones y tipos máximos muy diferentes, como el 18% de Galicia o el 36,5% de Asturias. También las donaciones a este tipo de familiares tributan de manera diferente, con bonificaciones del 100% en Cantabria o del 99 % en Andalucía, Madrid y Murcia, mientras las tarifas en Cataluña y Galicia van del 5% al 9%. Por lo que respecta al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en su modalidad para la transmisión de inmuebles y otros derechos, los tipos más bajos se dan en Navarra (6%) y Madrid y Canarias (6,5%), mientras que los más altos se dan en Cataluña (10% hasta un millón de euros y 11% a partir de esa cantidad).