- El Tribunal Supremo ha abierto causa penal a Manu Ayerdi, consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, por la concesión de préstamos a Davalor entre 2015 y 2017. El alto tribunal entiende que esta actuación, que supuso la pérdida de 2,6 millones de euros de dinero público concedidos a través de Sodena, podría constituir un delito de prevaricación y malversación de fondos.

Con esta decisión, rubricada por el juez Marchena el 1 de diciembre, el Supremo, si bien reconoce haber realizado una valoración "muy provisional" del asunto, asume la competencia respecto a la querella interpuesta por UPN el 2 de junio. El Alto Tribunal asegura que es necesario investigar las actuaciones de Ayerdi, que entre 2015 y 2019 fue vicepresidente del Gobierno de Navarra y mantiene su condición de aforado. Davalor, que se dedicaba a la fabricación y venta de máquinas de análisis visual, fue declarada en concurso de acreedores en julio de 2018, con lo que se da por perdido tanto el dinero que aportó el Gobierno de Navarra como el de cientos de pequeños ahorradores, que participaron vía crowdfunding y que fueron seducidos por la posibilidad de multiplicar su inversión.

Ayerdi tendrá muy complicado seguir como consejero, pero de momento no ha confirmado su dimisión. Y no lo ha hecho, según explicó el Gobierno de Navarra en una nota, porque "el auto conocido ayer no declara todavía la admisibilidad de la querella y la consiguiente declaración", sino que espera que el instructor realice su labor para tomar una decisión. Este medio intentó ponerse en contacto con el Departamento de Desarrollo Económico para conocer la posición personal de Ayerdi, pero no obtuvo respuesta a los requerimientos. Ayerdi mantuvo ayer una reunión con María Chivite, presidenta del Gobierno.

Fuentes jurídicas consideraban sin embargo ayer por la tarde que Ayerdi ya se encuentra en situación de investigado por el Supremo, algo que se confirmará en los próximos días, una vez que el instructor llame a declarar a Ayerdi, tal y como solicita UPN en su querella. Ignacio del Burgo, abogado responsable de esta denuncia, calificaba también como "de primero de Derecho" lo que el Gobierno de Navarra cuestionaba en su nota. "Ayerdi se encuentra en condición procesal de investigado, al haber asumido el Supremo la querella, de eso no hay duda. Lo que hace Marchena es nombrar a un instructor que en los próximos días dictará una providencia en la que lo llamará como investigado".

Los hechos que investigará el Tribunal Supremo se remontan a finales del verano de 2015. En septiembre de aquel año, Ayerdi, entonces vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra SL (Sodena), ordenó la concesión a Davalor de un préstamo de un millón de euros. Y lo hizo, agrega la querella, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia.

De hecho, la querella relata que en el año 2015, antes del cambio de Gobierno, Juan José Marcos, administrador y principal accionista de la empresa, acudió a Sodena para solicitar un aval de cuatro millones de euros que le fue rechazado salvo que lograse captar otros 11 millones de euros de inversores profesionales. "Condición que nunca llegó a acreditar", señala el auto.

Todo cambió, sin embargo, con el cambio de Gobierno y la llegada de Ayerdi al Gobierno y a la presidencia de Sodena. Según la querella, Juan José Marcos, a través de la intermediación del "señor Baztarrika Navarro, como consultor de empresas" contactó directamente con el querellado. "Tras dos reuniones -en las que solo estuvo Ayerdi- el Gobierno de Navarra aprobó, en la sesión de septiembre de 2015 instar a Sodena para que aportara el apoyo correspondiente a Davalor.

Asimismo, los querellantes denuncian que, pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales y de las deudas que Davalor mantenía con la Hacienda Navarra y la Seguridad Social (causantes de la denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017), Ayerdi no sólo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a la empresa hasta sumar 2,6 millones.

Según los querellantes, el Gobierno de Navarra en junio de 2015 declaró el proyecto de Davalor como de "interés foral", lo que según la Ley Foral le permitía tramitar el apoyo financiero por el procedimiento de urgencia. Tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento de Navarra para la concesión del préstamo.

Pese a los sucesivos apoyos recibidos, la entidad fue declarada en concurso, instado por un acreedor en julio de 2018, que fue declarado culpable por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia. El consejero Ayerdi reconoció en una comparecencia pública en julio de 2018 que la decisión de invertir en Davalor obedeció a "una corazonada".

Tendencia conservadora. Manuel Marchena es el ponente del auto conocido ayer y que inaugura un difícil camino judicial para Manu Ayerdi, miembro del PNV, del que llegó a ser presidente en Navarra. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria hace 61 años, Marchena es más que conocido por el gran público tras encargarse del juicio del procés, del que se convirtió en uno de sus protagonistas con sus peculiares maneras. Antes de alcanzar la popularidad que le regalaron horas y horas de telediarios y retransmisiones en directo, Marchena era un jurista reconocido por la profesión y de tendencias conservadoras. Fue en su momento el fiscal más joven en la fiscalía del Supremo y ya en 2007 fue designado como el magistrado más joven del Alto Tribunal. Según relataba Público, Marchena fue denunciado por compañeros por haber participado en procesos contra el juez Garzón a raíz de las causas por crímenes del franquismo.

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Además del primero, de un millón de euros, Sodena concedió cinco préstamos más a Davalor, ya sumida en graves problemas financieros. El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos. En total suman los 2,6 millones que Navarra puede dar por perdidos en la operación.

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Los incumplimientos de Davalor en diversas cuestiones, como la presentación de sus cuentas anuales o los pagos a Hacienda, supusieron la denegación de subvenciones del Gobierno de Navarra en este año. En total, según relata la querella asumida por el Supremo, ascienden a 2,3 millones de euros.

Primer préstamo sin pasar por el consejo. La clave del asunto reside en la justificación técnica que tuvo la decisión de invertir inicialmente dinero público en una empresa que atravesaba graves problemas económicos. Ayerdi contaba con un informe favorable de su equipo en el Departamento, pero no con el respaldo de los técnicos de Sodena, que ya habían rechazado unos meses antes conceder un aval a la empresa, ni con la aprobación del consejo de administración de la sociedad pública. "Fue una corazonada, una decisión personal pero con carácter profesional", justificó Ayerdi posteriormente.

El intermediario. La querella relata que Javier Baztarrika Navarro ejerció de intermediario entre Davalor y Ayerdi antes de que se concediera el primer préstamo. Asegura que, con el millón de euros recibido, se abonó una importante cantidad de dinero a un acreedor para evitar el concurso y que, incluso, se abonó 47.000 euros a Baztarrika.

Sin cuentas anuales. La empresa dejó de cumplir con la obligación de presentar cuentas anuales desde el mismo año 2015.

Los siguientes préstamos. Los cinco siguientes préstamos a Davalor, concedidos apara evitar un hundimiento que no tardó en llegar fueron aprobados ya por el consejo de administración de Sodena.