- "¿De quién son los hijos? ¿A quién pertenecen? ¿A los padres?". En una de las comparecencias en el Parlamento de Navarra para explicar el final de Caja Navarra, uno de los ponentes empleó esta afortunada imagen para negar el carácter público de la entidad financiera. Que había sido creada, sí, por la Diputación Foral y el Ayuntamiento de Pamplona, pero que después había crecido, se había despegado de las instituciones y había volado sola. Hasta estrellarse con estrépito, añadirían otros, en una triste y discutida historia.

Un siglo después de su nacimiento, la cuestión sigue sin estar resuelta. Incluso cuando Caja Navarra ya no es una entidad financiera, sino una fundación que en las próximas semanas abandonará su condición de fundación bancaria, al perder su capacidad para nombrar un representante en el consejo de CaixaBank. Se convertirá en una fundación ordinaria y el Parlamento de Navarra se dispone a constituir una ponencia para estudiar qué hacer exactamente con ella. Es decir, decidir qué amparo legal tiene, quién redacta sus nuevos estatutos y quién elige sus órganos de gobierno para los próximos años. La mayor parte los grupos se decanta por dotar a la institución de un estatus jurídico especial, que mantenga un control público sin rigideces.

La decisión va a requerir de un consenso muy amplio, puede que incluso unánime entre los grupos. Porque supone, de hecho, la última oportunidad para mantener una cierta vigilancia pública de una Fundación cuyo capital inicial fue aportado por las instituciones y que creció fundamentalmente con la gestión del ahorro de la ciudadanía navarra. Y que en la actualidad conserva un patrimonio importante, que se concentra, eso sí, en los 53,6 millones de acciones de CaixaBank, valoradas en estos momento en más de 125 millones de euros. Esta participación, que llegó a suponer más del 1% de la entidad financiera catalana, apenas alcanza hoy al 0,6%, insuficiente, por ejemplo, para nombrar un miembro del consejo.

Esto supone que Fundación Caja Navarra dejará de ser considerada una fundación bancaria y no podrá quedar ya regulada por la Ley 26/2013 de cajas de ahorros, de carácter estatal. Pasará al ámbito autonómico y es ahí donde Navarra, tiene el problema: no dispone de un traje legal adecuado para ella.

Cuenta con uno, es cierto, pero no parece adaptarse a la realidad de 2020. La Ley Foral 2/2014, aprobada por el Parlamento de Navarra, haría depender a Fundación Caja Navarra del Parlamento de Navarra, no solo para el nombramiento de sus patronos y de sus órganos de gobierno, sino prácticamente para el día a día. "Es una ley que responde a la realidad del momento en que fue aprobada, 2014, con la desaparición de Caja Navarra muy reciente, y que pretendía retener el control de la entidad", explica Arantxa Izurdiaga, parlamentaria de EH Bildu,

En realidad, la aplicación de esta ley convertiría a Fundación Caja Navarra en una entidad "adscrita" al Parlamento foral, algo que tanto el actual equipo gestor de Caja Navarra como los partidos del parlamento no consideran operativo. Y, probablemente, ni siquiera legal. "¿Quién hace una contratación o se encarga del día a día,?, ¿el Parlamento?" se pregunta la propia Izurdiaga, quien recuerda que la gestión cotidiana de la obra social atiende todos los días a miles de personas.

La propuesta del actual equipo gestor de Fundación Caja Navarra, cuya labor en estos años ha merecido la aprobación general de los grupos, es dejar a la antigua Caja "como una fundación más", regulada por una ley de fundaciones que se encuentra en curso de ser aprobada. La mayor parte de los grupos rechaza esta posición, al entender que, por su origen y características, se encuentra lejos de poder ser equiparada con el resto. De salir adelante esta idea y ser la propia fundación la que redactara sus estatutos, se correría el riesgo de que esta quedara definitivamente fuera de la supervisión o la tutela pública. Y que, en un futuro, incluso con otros equipos gestores o de gobierno, se pudiesen tomar decisiones estratégicas poco acordes con el espíritu de interés público que impregna a la Fundación.

Con la creación de la ponencia, los grupos se dan un plazo para tratar de cerrar, definitivamente, el capítulo de Caja Navarra, desaparecida como entidad financiera en 2011 y que, desde 2012, financia sus actividades, con los dividendos que pagan las acciones de CaixaBank.

Esta escasa diversificación de la fuente de ingresos se está convirtiendo últimamente en un problema añadido para la Fundación Caja Navarra, que apenas recibirá 1,5 millones de euros por este concepto en 2021. De hecho, desde la Fundación ya se contempla la venta de al menos una parte de las participaciones con el objetivo de activar otras inversiones que generen un mayor retorno.

La Caixa, que mantiene su propia obra social en Navarra, desarrolla además obra social conjunta con Fundación Caja Navarra. José Antonio Asiáin, antiguo presidente de Can, ha ejercido de interlocutor entre Isidro Fainé, presidente de la Caixa, y los responsables de Fundación Caja Navarra.

La posición de Caja Navarra. Javier Miranda, presidente de Fundación Caja Navarra, compareció ante el Parlamento de Navarra hace dos semanas para solicitar que la entidad "sea considerada una fundación más", si bien rechazó que la voluntad de la entidad sea "emanciparse" de una supervisión pública.

Cierto consenso entre los grupos. Los grupos del Parlamento de Navarra mostraron cierto consenso al admitir que la Ley de 2014 generaba distorsiones en la actual realidad y mostraron su disposición a buscar una solución intermedia que permita mantener la actividad cotidiana de la Fundación sin perder el control público.