La Justicia vuelve a procesar a Rato por corrupción, blanqueo y elusión fiscal

El juez investiga también a otras 13 personas y dos empresas por contrataciones irregulares cuando el exvicepresidente del Gobierno dirigía Bankia

02.03.2021 | 01:17
El exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar, Rodrigo Rato, a la salida de prisión cuando se le concedió el tercer grado. Foto: Rodrigo Jiménez

pamplona – Un mes después de que la Audiencia Nacional diera el visto bueno a la libertad condicional de Rato, que desde el 25 de octubre de 2018 cumplía una condena de cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida por las tarjetas black de Caja Madrid, el titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha procesado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y elusión fiscal. Además, el juez Antonio Serrano-Arnal procesó también a otras 13 personas y dos empresas por posibles delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y presunta elusión fiscal.

En el auto el jmagistrado da por concluida la instrucción del caso, que desde 2015 investiga el origen del patrimonio del exministro, una decisión que podrá ser recurrida por las partes bien ante el mismo juzgado o ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Entre las conductas bajo sospecha se encuentran los contratos publicitarios de Bankia adjudicados a las agencias Zenith y Publicis durante el mandato de Rato en la entidad, y que, según los investigadores, podría constituir un presunto delito de corrupción entre particulares.

El magistrado continúa la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras doce personas, además de contra ambas agencias de publicidad en calidad de personas jurídicas.

En junio de 2011 la sociedad Albisa Inversiones, controlada por Alberto Portuondo, supuestamente uno de los testaferros de Rato, y Kradonara 2001, epicentro de la actividad empresarial del exministro, firmaron un contrato de asesoramiento cuyo objetivo era prestar "unos supuestos servicios de consultoría" por una cantidad mensual mínima de 40.000 euros.

Estos servicios "serían supuestamente prestados" por el también procesado Miguel Ángel Montero, "de forma gratuita y como deuda moral por un negocio hotelero fallido" en el que participó con Rato. De esta forma y con el asesoramiento del despacho de abogados de Domingo Plazas, se fueron girando diversas cantidades a Albisa.

Sin embargo, prosiguió el juez, estas facturas "no se correspondían con una prestación real" de consultoría "sino que eran el conducto para abonar a Rato su parte en las comisiones obtenidas por Portuondo de Zenith y Publicis" a raíz de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia en aquella época.

Y es que "captado por Montero", que "administraba diversas empresas del exministro", Portuondo se habría dirigido al grupo Publicis en calidad de comisionista, ofreciéndose a conseguir la participación y la adjudicación de diversos contratos con la nueva entidad.

Para el magistrado, ha quedado "indiciariamente acreditado" que entre 2011 y 2012 Bankia contrató a Publicis y Zenith "a cambio de una comisión" superior a los dos millones de euros "que ambas mercantiles abonaron a Albisa" para obtener los contratos. De esta cantidad, Portuondo habría transferido 835.024 euros a Kradonara, controlada por Rato.

Respecto al destino del dinero, el auto se remite a la declaración del abogado Domingo Plazas, que manifestó que unos 700.000 euros que recibieron de Albisa a través de Kradonara fueron a Bagerpleta GMBH, igualmente participada por el exministro y dedicada a la explotación de un hotel en Alemania.

En 2019, el juez ya abrió juicio oral por estos mismos hechos, que además de a Rato, afectan a su exsecretaria personal Teresa Arellano; al exdirector de Comunicación Externa de Bankia Miguel Robledo, y a una de sus empleadas.

antecedentes

4 años por las 'tarjetas black'. El 3 de octubre de 2018 el Tribunal Supremo confirmó la condena de 4 años y seis meses de cárcel para Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas black, con las que directivos de Caja Madrid realizaron pagos libres de impuestos valorados en cientos de miles de euros.

millones opacos

7,28

El juez sospecha de la introducción de manera ilegal en España de 7,28 millones de euros provenientes de paraísos fiscales. "Nos encontramos ante unas importantes cantidades de dinero en sociedades opacas sustentadas por testaferros y radicadas en territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito", asegura el auto del juez.