A veces cuesta probar por ley lo que parece obvio. Por ejemplo, que cientos de personas que acuden todos los días a un mismo centro de trabajo, cuya jornada depende de la carga de producción que determine esta empresa, tienen un vínculo laboral con esta compañía y deben ser, por tanto, asalariados.
Esto es lo que sucedía en las plantas de pollos que Uvesa tiene en Tudela y Milagro, donde trabajaban cientos de personas miembros de una cooperativa muy particular (Servicarne), a cuyas asambleas casi nadie asistía y donde un grupo muy reducido de trabajadores (apenas dos o tres) percibía salarios de hasta 5.000 euros mientras el resto debía de cumplir decenas de horas extra para completar un sueldo digno. Una "ficción jurídica", tal y como la definió en el juicio Juan José Lizarbe, abogado en representación de UGT y como corrobora en su informe el Inspector de la Seguridad Social, quien destacó la ausencia de un "vinculo cooperativo" entre los trabajadores: "Un mero ropaje". En la actualidad, los trabajadores han sido ya contratados por Uvesa.
Lizarbe: "El principio del fin"
Todo ello ha sido visto hoy viernes en el Juzgado número 3 de lo social, donde se analiza la demanda interpuesta por la Seguridad Social, que reclama unos 15 millones de euros en cuotas atrasadas y que ya fue desestimada, en el caso de otra planta de trabajo de Milagro, por el número 1. En ese caso en contra de la opinión de los sindicalistas y la Seguridad Social, la jueza no consideró probado que existiera relación laboral entre los trabajadores de Servicarne y Uvesa. Y recordaba que esta última empresa "no selecciona a los socios, no les contrata ni les despide, no les fija la jornada ni los horarios, ni controla su cumplimiento, no les da vacaciones ni permisos, no ejerce poder disciplinario".
En la vista de la mañana del viernes, algunas de las pruebas aportadas apuntaban, sin embargo, en el sentido contrario. Y era la propia Inspección de la Seguridad Social la que admitía que todo hace indicar que eran las cargas de trabajo de Uvesa las que determinaban la jornada de trabajo de los cooperativistas de Servicarne y que los celadores de esta última empresa se limitaban a transmitir las órdenes de Uvesa. Del mismo modo, la Inspección de la Seguridad Social recordó que Servicarne no había facilitado los datos de las remuneraciones percibidas por los cooperativistas.
"Que un modelo productivo sea precario no implica automáticamente que sea ilegal", dejó escrito hace casi un año la jueza Isabel Olabarri Santos, del Juzgado de lo Social número 1 de Pamplona, que enjuició el caso de la planta de Uvesa de Milagro. Enrique Lillo, abogado de CCOO, se preguntaba ayer si sería admisible que "Volkswagen Navarra, en lugar de tener contratados a sus trabajadores, optara por hacerlo a través de una cooperativa" con el ahorro que ello conlleva. No está en juego solo el interés de los trabajadores, "sino un bien público" como los ingresos de la Seguridad Social.
Todavía más contundente ha sido Juan José Lizarbe, que representaba a UGT, quien advertía del riesgo que supone la admisión de unas cooperativas que nada tienen que ver con las habitualmente conocidas. "Se trata de un sistema perverso que tiene el único objetivo de abaratar costes, que desactiva la posibilidad de convocar una huelga. Si lo que aquí se hacía es legal, estamos ante el principio del fin del derecho laboral tal y como lo conocemos".
