Navarra estudia compensar a todos los municipios y concejos afectados por instalaciones de energía renovable

Así lo ha señalado el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, durante su comparecencia en comisión parlamentaria a petición de EH Bildu para informar sobre el criterio de su departamento respecto a la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en la Comunidad Foral.

El consejero José María Aierdi, antes de la comparecencia. Foto: Unai Beroiz

El consejero ha asegurado que son "partidarios" y están analizando cómo abordar estos proyectos "en su globalidad y con sus afecciones positivas y negativas en el conjunto del espacio", ya que "muchas veces consideramos el proyecto por el espacio físico en el que se implementan los aerogeneradores o las placas y no tenemos una dimensión territorial amplia de las afecciones".

Este tipo de instalaciones, ha explicado, "se ubican en un espacio y ese municipio recibe unas compensaciones acordadas económicamente", pero el proyecto tiene también incidencia con la conexión eléctrica, "aérea en la mayoría de los casos", a través de diferentes municipios que "lo único que ven es la afección negativa de condicionar su propio territorio".

Aierdi ha reconocido que "estamos en un momento con un gran número de proyectos" que "están generando tensiones en el territorio porque compiten muchas veces con espacios ocupados por usos preexistentes" o suponen una pérdida de valores, por lo que desde la Administración, ha defendido, deben "ser exigentes en los procesos de evaluación y autorización".

No obstante, ha recordado, "estamos en un proceso de transición energética irrenunciable", por lo que se debe avanzar en un concierto social y "hacia un desarrollo equilibrado entre la generación centralizada y la distribuida adaptando las normas urbanísticas y de ordenación del territorio en esa dirección".

NUEVA LEY

Estas cuestiones, ha señalado, se recogerán en la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que "próximamente iniciará su recorrido en el trámite de consultas previas".

Aierdi ha centrado su comparecencia en pormenorizar las distintas leyes y decretos que regulan los criterios a cumplir por las empresas promotoras de estas instalaciones señalando que los informes emitidos por su departamento analizan "la adecuación territorial y urbanística de las solicitudes valorándose la compatibilidad con los instrumentos de ordenación territorial".

Una de las disposiciones a tener en cuenta en el caso de lo parques eólicos y fotovoltaicos, ha señalado, son los Planes de Ordenación Territorial (POT), que establecen actividades como suelo no urbanizable con prohibición de determinadas actividades.

Según estos, son incompatibles con la protección de áreas de especial protección y suelos de protección por riesgos naturales identificados como vegetación de especial interés, lugares de interés geológico, humedales, zonas de riesgo con movimiento en masa, zona fluvial, sistema de cauces y riberas y suelos de elevada capacidad agrológica.

Existen también otras áreas de especial protección recogidas en los POT que establecen limitaciones y condicionantes y están relacionadas con la protección de zonas esteparias, la conectividad territorial y la preservación de paisajes naturales, paisajes singulares y caminos históricos.

En las zonas inundables, ha apuntado, deberá tener un informe del órgano competente en materia de riesgo de inundación así como recabarse el informe de autorización del organismo de cuenca competente.

Ambas instalaciones, ha indicado, se ven afectadas también por los planes o proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal, el planeamiento urbanístico municipal y se valora la compatibilidad de la actuación con el planeamiento urbanístico vigente en el municipio o municipios que afecte.

También se exige que los proyectos justifiquen su adecuación al Plan Energético de Navarra Horizonte 2030, que mantiene un mapa de acogida de parques eólicos en el que se distinguen las zonas no aptas, con limitaciones ambientales, territoriales y zonas libres o con escasa habilitación ambiental y territorial.

Desde el grupo proponente Laura Aznal ha denunciado que "parece que este Gobierno tiene más laxitud en este tema de la transición energética con las empresas promotoras" que con unos municipios y concejos a los que, ha asegurado, no se les amplían los plazos de alegación a pesar de que están desbordados.

Por parte de Navarra Suma, Elena Llorente ha criticado que "hay mucha normativa que favorece a la total discrecionalidad" y "falta de coherencia entre los 3 departamentos" involucrados asegurando que "no hay una estrategia clara de cómo tiene que afrontar Navarra esta transición energética".

Arantza Biurrun, del PSN, ha defendido que "hemos de ser capaces de conjugar los intereses medioambientales por una decidida apuesta por las energías limpias y renovables y al mismo tiempo ser capaces de preservar la singularidades y la riqueza ambiental" y ha apostado por crear una mesa de coordinación entre los departamentos afectados.

Desde Geroa Bai, Ana Ansa ha alertado de que "la transición energética no nos va salir barata ni va a ser fácil" y que "tenemos que empezar a ponernos de acuerdo para avanzar" en una "transición ordenada" en el que las instituciones tiene que velar por que las empresas "estén al servicio de lo que necesita la sociedad" y no en la búsqueda de "proyectos especulativos".