Un informe de Ipar Hegoa, la fundación de estudios sindicales del sindicato LAB, advierte de que desde 2011 cada persona asalariada ha perdido una media de 6.165 euros y "también es notable la pérdida del poder adquisitivo" de los pensionistas. Asimismo, concluye que "es hora de tomar decisiones de país, de establecer prioridades y desarrollar políticas públicas audaces".
Según ha explicado el sindicato, Ipar Hegoa ha publicado el informe 'Ikusmiran, Análisis de la situación, primavera del 2022' con el fin de "evaluar las características socioeconómicas de Euskal Herria", un trabajo que ha permitido concluir que, si bien las crisis desde 2008 han tenido "sus peculiaridades" con una crisis financiera, una crisis del "modelo globalista" o una crisis generada por "haber situado la disputa en el terreno de la guerra imperialista", todas ellas han sido "provocadas por las características propias del capitalismo, es decir, crisis generadas por el propio sistema".
El estudio indica que "las supuestas soluciones que se han propuesto con el objetivo de seguir acumulando injustamente capital perjudican a la clase trabajadora, ya que profundizan en un modelo que empobrece y precariza a los trabajadores".
"Nos han metido en una nueva crisis que no es un hecho aleatorio aislado, sino una consecuencia directa de las decisiones tomadas por quienes están en los principales órganos de decisión", advierten sus responsables, que han denunciado que "ahora vienen pidiendo sacrificios a la ciudadanía, reduciendo su poder adquisitivo".
La subida de la inflación afecta más a los "más humildes"
De este modo, alertan de que el "proceso de empobrecimiento" de los sectores más vulnerables y de los trabajadores "no cesa". En función de los datos de este estudio, en 2021 el IPC registró el mayor incremento de los últimos años, en torno al 6,5%, y ha alcanzado el 8,7% en mayo de 2022, una subida que ha tenido "un fuerte impacto en la cesta de la compra".
Entre otros, explica, los aceites y grasas se han encarecido un 32%, las harinas y otros cereales un 14,3%, el precio de la pasta un 21,4%, la electricidad un 107,8% y el combustible de los vehículos un 40,2%.
A pesar de que "toda la ciudadanía ha notado la subida en sus bolsillos", el informe señala que ha tenido mayor incidencia en los hogares "más humildes", ya que destinan "más del 66% del presupuesto familiar a pagar la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas".
Mientras tanto, advierte de que los salarios se han actualizado en la última década por debajo del IPC, pese a que en el último año "se ha recuperado ligeramente en cuanto a los salarios medios".
En todo caso, según recoge este estudio, en los últimos 11 años cada persona asalariada ha perdido una media de 6.165 euros y en el caso de las pensiones "también es notable la pérdida del poder adquisitivo".
Aumento del gasto militar
Por otro lado, indica que la guerra de Ucrania es "una derivada política de las características propias de este sistema" y sus consecuencias las padece "una vez más la ciudadanía". En este sentido, señala que el dinero que se destina al gasto militar "está en máximos históricos" y se anuncia que "seguirá en aumentando a corto plazo" y, en consecuencia, "el dinero que se destina al gasto militar no se destina a garantizar los derechos sociales de la ciudadanía".
Capacitar a Euskal Herria para emprender la transición ecológica
Finalmente, el informe advierte de que, mientras el modelo actual "no se hace ecológicamente sostenible al explotar los recursos naturales hasta sus límites, se niega, al mismo tiempo, a abordar mediante procesos colectivos la limitación de emisiones de gases de efecto invernadero, trasladando la responsabilidad a nivel individual".
En este contexto, concluye que "hay que capacitar a Euskal Herria para afrontar el futuro o, de lo contrario, padeceremos sus graves efectos".
"Si queremos ser un pueblo que priorice el bienestar de toda la ciudadanía, se deberían tomar decisiones políticas de inmediato, para llevar a cabo la transición energética, para ser lo más autónomo posible en el ámbito de la alimentación, para poder tomar las decisiones que económicamente necesitemos...", consideran sus responsables, que han defendido que "es hora de tomar decisiones de país, de establecer prioridades y desarrollar políticas públicas audaces".
