El problema del acceso a la vivienda, lejos de solucionarse, es cada más grave. Muestra de ello es que los precios de compra y alquiler siguen creciendo, según un informe de ELA dado a conocer este miércoles. Este sindicato considera que se “está viviendo una nueva burbuja con el alquiler de habitaciones” y ha resaltado “los 3.500 desahucios de los últimos 10 años, el creciente problema de la turistificación o el fuerte aumento del número de personas sin hogar”.
ELA ha analizado estos problemas en el documento realizado por su Gabinete de Estudios, en el que también recoge propuestas. El informe se titula: "La vivienda en Hego Euskal Herria: un derecho en manos del mercado".
Imanol Pascual, coordinador de ELA en Nafarroa, ha señalado que "la nueva ley de vivienda del Estado español, así como la ley de Navarra están dentro de la lógica de mercado y no garantizan el derecho subjetivo a la vivienda". Porque son medidas insuficientes para un problema cada vez mayor, asegura Pascual. "Se limita la subida de los alquileres, pero esto apenas tendrá efecto en sus precios, que parten de máximos históricos". Ha encuadrado estas normativas en los intereses de los bancos y asociaciones
de constructores.
Además, los recursos que se destinan a vivienda son “totalmente insuficientes”, el Gobierno de Navarra solo aporta el 0,29% del PIB a vivienda, y el sindicato exige “al próximo Ejecutivo navarro que se constituya que destine un 2% del PIB”, ha señalado Pascual. El coordinador de ELA ha recordado que el “0,29% es el mismo porcentaje que otorgaba UPN en su etapa de Gobierno”.
Las hipotecas, 3.500 euros más caras
Aitor Murgia, autor del dossier, ha destacado que "las capitales de Hego Euskal Herria están entre las diez más caras del Estado, donde Iruñea ocupa la octava posición, con un precio de 2.355 euros el metro cuadrado". Si a esto se le añade la política de subida de tipos de interés que está llevando a cabo el Banco Central Europeo y que acaba de elevar hasta el 4%, "la hipoteca media podría encarecerse hasta 3.500 euros anuales".
Murgia también ha señalado que "los precios del alquiler no paran de subir" y el esfuerzo que las personas tienen que hacer para alquilar una vivienda es cada vez mayor. "No hay opciones de alquilar un piso derivando el 30% del salario medio en Iruñea".
Ante esta imposibilidad, la única opción de emancipación, especialmente para la gente joven y las personas migrantes, es compartir piso.
Ante la escasa oferta de vivienda en alquiler y la mayor demanda de alquiler de habitaciones, los precios superan en muchos casos los 1.000 euros mensuales, ha criticado
Disminuye el porcentaje de emancipación
En Navarra, el porcentaje de población joven emancipada ha pasado del 22,4% en 2013, al 13,8% en 2021. "No es de extrañar que la edad de emancipación de las y los jóvenes se acerque a los 30 años"
Por su parte, Saioa Urriza, responsable comarcal, ha denunciado que hay 24.500 viviendas vacías, mientras muchas personas no pueden emanciparse o acceder a una vivienda. "Hay cuatro veces más viviendas vacías que viviendas en alquiler social", ha destacado.
Otra cuestión que ha abordado es la de los desahucios, que han superado los 3.500 casos en la última década: sale a uno diario. Sin embargo, ha recriminado a los medios de comunicación que prefieren centrarse en el tema de las ocupaciones. "Las ocupaciones, especialmente las de delito de allanamiento, son un problema totalmente residual en Navarra”.
Urriza ha hablado del problema de la turistificación que come terreno al parque de viviendas de uso habitual.
603 personas en la calle
También ha resaltado que en los últimos diez años, “se han duplicado el número de personas que no tienen un hogar, y Navarra es la segunda comunidad con una mayor tasa de personas sin hogar, solo por detrás de la CAV”. La Comunidad Foral suma 603 personas en esta situación, de las que el 72% son extranjeras, el 77% no recibe ninguna prestación y el 40% lleva más de tres años así. “El gran problema que tienen estas personas es que carecen de padrón”, ha subrayado.
Las medidas
Las propuestas de ELA pasan por "garantizar por ley el derecho subjetivo a la vivienda, impulsar el alquiler frente al modelo de compra-venta, la limitación de los precios del alquiler, obligar a destinar las viviendas desocupadas a alquiler, paralizar los desahucios, la limitación y control de las viviendas turísticas y aumentar el gasto público en vivienda al 2% del PIB. En definitiva, entender la vivienda como un bien social y no como un bien especulativo", ha concluido Imanol Pascual.
