Denuncian a cuatro aerolíneas por imponer fechas límite para usar sus tarjetas regalo
Facua considera que estas prácticas son abusivas, ya que las empresas limitan injustificadamente los derechos del consumidor
La asociación Facua-Consumidores en Acción ha presentado denuncias ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra Iberia, Ryanair, Transavia y Wizz Air por imponer fechas límite de uso en sus tarjetas regalo, al tiempo que ha solicitado la apertura de expedientes sancionadores.
Facua considera que estas prácticas son abusivas, ya que las aerolíneas limitan injustificadamente los derechos del consumidor y evidencian una falta de reciprocidad contractual, permitiendo a las compañías resolver unilateralmente el contrato tras transcurrir el plazo (un año, salvo dos en Transavia) y apropiarse del importe abonado sin que se haya prestado ningún servicio.
Abusividad de las cláusulas
La asociación recuerda que la Comisión de Cooperación de Consumo ya declaró en 2011 la abusividad de estas cláusulas, señalando que generan un desequilibrio importante entre los derechos de las partes, contrario a la buena fe. Ese mismo año, la Junta de Andalucía multó con 20.000 euros a una cadena textil por ofrecer tarjetas regalo con fecha de caducidad.
En el caso de Ryanair, además de la caducidad, se aplica una “tasa administrativa” que varía según el formato de la tarjeta (2 euros digital, 5 euros físico). Facua considera que esta tasa carece de justificación objetiva y constituye otra práctica abusiva, al imponer un coste adicional sin prestación accesoria al consumidor.
Qué dice la ley
Facua subraya que el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007 establece que son abusivas las cláusulas que carecen de reciprocidad, contrarias a la buena fe y en perjuicio del consumidor, incluyendo aquellas que permiten al empresario quedarse con cantidades abonadas por prestaciones aún no efectuadas. Respecto a la tasa administrativa de Ryanair, el artículo 89 señala como abusivas las cláusulas que imponen servicios accesorios no solicitados o incrementos de precio que no correspondan a prestaciones adicionales claras y opcionales, como financiación, recargos o penalizaciones.
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