El Gobierno español aprueba la jornada de 35 horas para más de 220.000 funcionarios del Estado

La secretaria de Estado de Función Pública ha dictado la resolución para la implementación de la nueva jornada ordinaria de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), que tendrá un mes, hasta mitad de mayo, para realizar las adaptaciones necesarias.

Según consta en la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cambio resultará de aplicación "el día siguiente al de su publicación", es decir mañana jueves 16 de abril, aunque se da ese plazo de un mes "para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario".

Afecta a la AGE y Seguridad Social, con excepciones

La resolución especifica que el cambio de las 37,5 horas semanales a las 35 horas aplica a la Administración General del Estado y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

También a "los organismos autónomos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la AGE".

No se aplicará al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en otros casos, como instituciones penitenciarios, deberá negociarse en su ámbito de negociación específico.

Asimismo, la instrucción también recoge que la nueva jornada "no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones".

Más de 220.000 empleados beneficiados

El cambio, negociado con CCOO, UGT y CSIF, beneficiará así de entrada a unos 220.000 empleados públicos y servirá como referencia para otras administraciones públicas, así como para las empresas públicas.

La implantación de las 35 horas se adaptará a las jornadas en régimen de especial dedicación (jornadas de 40 horas que se verán reducidas a las 37 horas y media) y en la jornada intensiva de verano. La instrucción incide en que la implementación "se realizará garantizando en todo momento la adecuada prestación y continuidad de los servicios públicos, la atención a la ciudadanía, mediante las adaptaciones organizativas que resulten necesarias".