La Inspección de Trabajo considera justificadas las causas económicas esgrimidas por la dirección de Tubos Reunidos para aplicar un Expediente de Regulación de Empleo, que finalmente va a suponer la salida de 240 trabajadores de sus plantas de Amurrio y Trapagaran. Los sindicatos, que hoy se reunieron de nuevo con el Departamento de Industria del Gobierno Vasco en una cita que, en términos generales, consideraron infructuosa, anunciaron su intención de impugnar por vía judicial el expediente, algo para lo que cuentan de plazo hasta el próximo 23 de abril, ya que consideran que los motivos económicos que están detrás del mismo no están justificados.

El informe del organismo recalca que el ERE propuesto por la dirección empresarial es “jurídicamente viable sin perjuicio de que haya discrepancias sindicales e incertidumbres sobre las previsiones futuras”. Asimismo, la Inspección considera que el procedimiento seguido por la empresa para aplicar el ERE “cumple sustancialmente” los requisitos legales y que “concurren causas económicas, productivas y organizativas para su aplicación”. El organismo estima que “razonable y proporcional” el ajuste de empleo, que afectará a 177 trabajadores de Amurrio y 77 de Trapagaran. Aunque en un principio la cifra de salidas era de 301, se rebajó con posterioridad a 285 y después a 240 después de que la Inspección de Trabajo obligase a hacer fijos a alrededor de 40 trabajadores con contratos temporales debido a una apreciación de fraude de ley. El documento apunta a que se ha dado un “empeoramiento sustancial” de la rentabilidad y se señala que, al cierre de 2025, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Según la Inspección, el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros), por lo que existe “causa legal de disolución” conforme al decreto ley de 2010 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Al respecto, fuentes de la empresa señalaron a Europa Press que la situación “coyuntural” de desequilibrio patrimonial en la filial TRG ya ha sido “corregida”, por lo que estiman que no existe causa legal de disolución.

Los sindicatos participantes en el comité de empresa, que no tenían demasiadas esperanzas en el informe de la Inspección de Trabajo, conocieron el contenido del mismo justo antes de la reunión que mantuvieron a primera hora de la tarde con Industria, una cita que, en líneas generales, consideraron decepcionante. Los representantes de los trabajadores preguntaron al viceconsejero del Departamento, Andoitz Korta, por el diálogo abierto con la SEPI para abordar una posible refinanciación de la deuda que mantiene la empresa con la sociedad estatal, y que asciende a 150 millones de euros, ya que al préstamo de 112 millones hay que sumar los intereses que se han ido devengando desde el año 2021. En total, según la última auditoría, la deuda de la empresa alcanza los 263 millones de euros. Sin embargo, esta negociación no se ha plasmado en ningún acuerdo concreto.

La fórmula propuesta por el Gobierno Vasco pedía que se reconociera que Tubos Reunidos ha sido una empresa golpeada por el “doble shock” de los aranceles de Trump y del incremento de los costes energéticos como consecuencia de la guerra de Irán. Por ello, el Ejecutivo solicitó que la SEPI pudiese flexibilizar las normas de la reestructuración de la deuda de las empresas impactadas por estas causas, para lo cual se transmitió al Gobierno entral la necesidad de que introdujese este cambio legal en el decreto anticrisis aprobado en el Congreso. Esta propuesta, al final, no fue aceptada por el Gobierno español y no se incluyó en el decreto ley ideado para paliar los efectos de la crisis.

En su intervención ante los sindicatos, Korta remarcó que la SEPI ha insistido en la “imposibilidad legal de una reestructuración o quita de la deuda”. No obstante, “sí ha ofrecido flexibilidad en los plazos e intereses”. Es decir, según el Departamento, que la SEPI está abierta a ofrecer una refinanciación de la deuda, “pero no su reestructuración”. Sin embargo, explicó Korta, esta solución de refinanciación ofrecida por la SEPI “no es suficiente ya que Tubos Reunidos sigue con la mochila de la deuda”. “La deuda impide que haya inversor. Y para reducir la deuda tiene que haber un acuerdo de los acreedores, con la SEPI como principal acreedor implicado”, apostilló Korta. Por su parte, los sindicatos apuestan por la vía de la impugnación del ERE ante los tribunales y consideran que, aunque el informe de la Inspección de Trabajo respalda la postura de la empresa, el texto confirma la existencia de “defectos de forma” que abren un resquicio a sus tesis. En una nota, UGT citó “la constatación de irregularidades en la contratación temporal en el centro de Amurrio”, así como “elementos que cuestionan la proporcionalidad de la medida”, como los beneficios en 2022 y 2023.