La consejera Inma Jurío presidió este lunes la Mesa General de Función Pública, con los sindicatos LAB, AFAPNA, CCOO, ELA y UGT, a quienes entregó el anteproyecto de ley foral del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra. En esta ocasión, el texto recoge nuevas aportaciones de Salud, UPNA, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Justicia o Cermin, después de concluir el trámite de participación ciudadana.
Ahora, las centrales disponen de 15 días hábiles para presentar alegaciones al nuevo texto, hasta el miércoles 13 de mayo. La tramitación de esta norma fue aprobada por AFAPNA, CCOO y UGT, no así por LAB y ELA. Finalizado este periodo, el departamento de Interior, Función Pública y Justicia convocará otra Mesa General, en la que se compartirá el análisis realizado por la Dirección General de Función Pública a las reivindicaciones presentadas por los sindicatos.
Luz verde
El Gobierno foral quiere avanzar así con el anteproyecto de ley foral por el que se da luz verde al estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, que, una vez terminado, permitirá enviar la norma al Parlamento para su debate, explicó los pasos el Gobierno en una nota.
El objetivo de la consejera Jurío con el nuevo estatuto “es diseñar una Administración más eficiente, moderna y adaptada a la realidad del siglo XXI, por medio de la actualización de una normativa muy heterogénea con más de tres décadas de vigencia”, especificó.
Planteamientos
El documento recoge la carrera profesional para toda el personal de la Administración, que comenzará a aplicar en 2027 de manera progresiva hasta 2032, con un coste de 130 millones de euros. También actualiza niveles; mejora licencias por fallecimiento e ingreso hospitalario, permiso parental o familias monoparentales; regula nuevas situaciones administrativas para facilitar la movilidad interadministrativa y avanza en la promoción profesional temporal y definitiva, etc.
En el cajón
AFAPNA, en una de sus intervenciones en la reunión, propuso implantar el teletrabajo para el personal de la Administración, sobre todo después de que la UE haya planteado un día de trabajo remoto obligatorio por el conflicto bélico en Oriente Próximo para ahorrar energía.
El texto del nuevo estatuto del personal público solo cita en una ocasión el teletrabajo, en el artículo 46 dentro del título V del anteproyecto, que hace referencia a los derechos de carácter individual de trabajadores y trabajadoras, en el apartado k.
El estatuto establece que el trabajo en remoto es un derecho individual que podrá ejercerse siempre que sea compatible con las funciones del puesto de trabajo. Sobre su regulación cita que los términos y condiciones específicos para su prestación se establecerán reglamentariamente.
Testimonial
Esta modalidad se recoge de manera testimonial en el nuevo documento, cuando comienza a tener peso en el debate público como una vía para ahorrar combustible en los desplazamientos al trabajo por la crisis energética derivada de la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán.
La pandemia de 2020 impulsó este sistema en la Administración y en el sector privado. El Gobierno de Chivite en ese momento, a través de la consejería que dirigía Javier Remírez, confeccionó un decreto foral que pasó por Mesa General de Función Público. Este contemplaba con carácter general hasta tres días de teletrabajo como máximo por semana, con una serie de condiciones, y siempre que se garantizara el servicio. Incluso, el Ejecutivo anunció el uso de ayudas europeas para adquirir en dos años material tecnológico para dicho personal.
Qué ocurrirá el miércoles
Pero todo se truncó, el decreto acabó olvidado en un cajón antes de las últimas elecciones autonómicas en 2023 y hasta ahora. En la actualización del estatuto apenas se hace referencia a esta modalidad. Y esto ocurre cuando el Ejecutivo de la UE va a presentar este miércoles una serie de propuestas para afrontar la crisis de precios de la energía, en las que, según borradores previos, intentará impulsar el teletrabajo o el transporte público. Así que habrá que esperar a mañana para conocer esos planteamientos y su adaptación en los estados miembros.
Salarios iniciales y complementos
Por su parte, el borrador recoge las cuantías de los sueldos iniciales de los distintos niveles y subniveles de las Administraciones: subnivel A1 (31.622,5 euros); subnivel A2 (26.602,94 euros); subnivel B (23.721,19 euros); subnivel C1 (22.068,34 euros); subnivel C2 (19.219,48 euros); y el nivel D (16.905,84 euros).
El texto contempla cuatro subniveles (A1, A2, C1 y C2) y dos niveles B y D, y en relación a las cuantías de los complementos por la carrera profesional, cada subnivel y nivel presenta cinco tramos distintos. El mayor complemento aparece en el quinto tramo, así en el subnivel A1 fija un cobro de 11.384,10 euros; el subnivel A2, 9.577 euros; el nivel B, 8.539,63 euros; el subnivel C1, 7.944, 6 euros; el subnivel C2, 6.919, 01 euros; y el nivel D, 6.086,1 euros.
