Dónde guardan su dinero las grandes fortunas de Navarra

Los números del Impuesto de Patrimonio son rotundos. En Navarra hay 8.461 contribuyentes en este grupo (algo más del 1% del total de la población de Navarra), con una base imponible conjunta de 12.339 millones de euros. De este volumen colosal, el capital mobiliario engulle la inmensa mayoría: 8.816 millones (el 71,4% del total).

¿Su producto estrella? Los fondos de inversión y sicavs (Instituciones de Inversión Colectiva). Atrapan casi un tercio de toda la riqueza de estos declarantes (28,8%), con más de 3.550 millones de euros invertidos. Le sigue la Bolsa. Casi 6.000 contribuyentes poseen 2.432 millones (19,7%) en acciones cotizadas que en los últimos años han incrementado además su valor.

Pero la radiografía de Hacienda revela otro dato contundente: la extrema liquidez de este colectivo. Tienen 1.506 millones de euros –el 12,2% de su patrimonio total– guardados directamente en depósitos bancarios. El dinero contante y sonante en la cuenta supera con creces lo que destinan, por ejemplo, a invertir en empresas no cotizadas (1.122 millones, un 9,1%).

Menos cuadros, más 'criptos'

El desglose tributario también tumba la imagen del lujo clásico. Los más ricos de Navarra declaran apenas 650.000 euros en obras de arte y antigüedades en toda la comunidad, y poco más de 5 millones en joyas. Cantidades ínfimas que contrastan con la llegada de la nueva economía: el bitcoin y otras criptomonedas ya asoman en la declaración. Quince contribuyentes atesoran 2,59 millones de euros en monedas virtuales.

Completan el cuadro activos de perfil más bajo como los seguros de vida (309 millones, un 2,5%) o la Deuda Pública, que apenas seduce a 690 personas y retiene el 1,3% de la riqueza.

Todo este engranaje suma 12.704 millones de euros en bienes y derechos brutos. Un imperio sostenido, además, con un nivel de endeudamiento mínimo: las grandes fortunas navarras apenas declaran 364 millones en deudas, un escaso 3% frente al volumen total de sus activos.

El Impuesto, una fotografía

El Impuesto sobre el Patrimonio en Navarra funciona como una "fotografía" de los bienes del contribuyente a fecha de 31 de diciembre. Regulado por la Ley Foral 13/1992, este tributo directo y personal grava la riqueza neta del ciudadano: se calcula sumando todos sus activos económicos y restando las deudas pendientes. Sin embargo, la Hacienda Foral aplica un doble blindaje para proteger el ahorro básico.

Por un lado, fija un mínimo exento de 550.000 euros que queda completamente libre de impuestos y, por otro, permite restar hasta otros 250.000 euros si corresponden al valor de la vivienda habitual del declarante.

Tener que declarar no significa necesariamente tener que pagar, pero el fisco foral vigila de cerca a los patrimonios elevados. La obligación de presentar la autoliquidación recae en quienes tengan que ingresar cuota, pero también en todo residente cuyos bienes globales superen el millón de euros, aunque su resultado final sea cero o negativo. Para evitar asfixiar el tejido productivo de la comunidad, la normativa deja fuera de la factura fiscal todos los bienes afectos a actividades empresariales o profesionales, así como las participaciones de control en empresas activas que cumplan con los requisitos de la ley.

A la hora de pasar por caja, Navarra cuenta con una escala progresiva de tipos de gravamen propia dividida en varios tramos para asegurar que pague más quien más tiene. La tarifa arranca en un suave 0,16% para el tramo más bajo —hasta los 155.511,88 euros— y se va encareciendo a través de ocho tramos generales de forma paulatina. El castigo fiscal a las mayores fortunas toca techo con un tipo marginal máximo del 3,50%, reservado en exclusiva para la porción de base liquidable que supere la frontera de los 11 millones de euros (fijada exactamente en 11.003.784,50 euros).

El empleo tiene, en todo caso, una baja capacidad recaudatoria, sobre todo si se considera que recauda en Navarra menos que hace 20 años y poco más de la mitad que en 2008, cuando llegó a aportar 65,85 millones de euros a las arcas públicas. Una pérdida de músculo que contrasta con la evolución de los tributos que gravan el consumo y el trabajo y que se explica no solo por el incremento de los mínimos exentos, sino seguramente también por la competencia de otros territorios que, con Madrid a la cabeza, han decidido eliminar este tributo.