Las trabajadoras del Centro Benito Menni se concentran en Pamplona y suman ya 228 días de huelga

Trabajadoras del Centro Benito Menni de Salud Mental de Elizondo, acompañadas de personas delegadas del sindicato ELA Euskal Sindikatua, se han manifestado este miércoles a las 10.30 delante del Palacio de Navarra en defensa de las condiciones laborales de la plantilla. La concentración forma parte de una huelga ininterrumpida que dura ya 228 días consecutivos ante la falta de negociación por parte del Gobierno de Navarra, según denuncia ELA.

Aproximadamente 30 personas han acudido, y varias sujetaban folletos con las exigencias concretas que las trabajadoras llevan demandando a su empresa desde hace más de medio año: un convenio que garantice un salario bruto de 1.600 euros mensuales (22.400 anuales), una reducción de jornada laboral hasta las 1.654 horas al año, la posibilidad de darse de baja y la libranza de algunos fines de semana. El conflicto laboral surge en respuesta a la decisión de la empresa, Fundación Hermanas Hospitalarias, de cerrar uno de los edificios. Esta decisión ha sido señalada por la plantilla como orientada para aumentar el beneficio económico a costa de despidos y del deterioro de las condiciones laborales y el servicio a las personas usuarias.

Las personas manifestantes permanecieron delante del Palacio emitiendo ruidos con silbatos, bocinas, cencerros y sonidos de sirenas de policía. Cantaron la canción Dardarka zeruak y gritaron varias de sus reivindicaciones, entre las cuales se encuentra que el cuidado no es un negocio. En un momento avanzaron hacia la entrada del Palacio y los agentes de Policía presentes tuvieron que detenerlas y hacerlas retroceder.

Exigencias y respuestas

Eva Arrieta, del sindicato ELA, describe la situación del sector del cuidado en Navarra: "Se trata de un servicio público concertado, financiado mayoritariamente con fondos del Gobierno de Navarra, pero que poco a poco ha ido cayendo en manos privadas a través de la subcontratación y la externalización. Es un oficio totalmente precarizado y feminizado, o sea, afectado por la brecha salarial, y lo que no puede pasar es que el Gobierno de Navarra no asuma su responsabilidad en el tema".

Una de las manifestantes revela que la empresa madre, Fundación Hermanas Hospitalarias, se ha mostrado cerrada a ceder a las protestas bajo el pretexto de que ello supondría costes demasiado elevados, limitándose a "mantener propuestas que no atienden las reivindicaciones de fondo". A su vez, Arrieta acusa al Gobierno de haber hecho "caso omiso" a las tres reuniones mantenidas en 2025 para informar de la situación e interpelar directamente a la administración sobre sus responsabilidades en la gestión del servicio, denunciando "la falta de implicación y la ausencia de negociación de medidas efectivas".

En respaldo de las reuniones, el Parlamento de Navarra instó al Gobierno foral en febrero de 2026 a tener en cuenta las características específicas del sector de la salud mental y a dotar los recursos necesarios para mejorar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales. A pesar de ello, Arrieta advierte de que "el Gobierno mira para otro lado, y por lo tanto le exigimos que asuma su responsabilidad para con la situación de estas trabajadoras". Mientras tanto, la plantilla continúa a la espera de respuestas concretas, incluyendo una reunión solicitada con la Dirección de Derechos Sociales que aún no ha sido concedida.