El próximo cambio normativo que impulsa el Gobierno de Navarra junto con los grupos parlamentarios que lo conforman busca, entre otras cosas, convertir la calificación de vivienda protegida en indefinida, con el objetivo de evitar que los inmuebles puedan venderse a precio libre con el paso del tiempo. Actualmente existen en Navarra más de 57.000 viviendas que en su momento han sido calificadas como protegidas (desde 1985), de las que menos de la mitad, únicamente 28.000, mantienen a día de hoy un precio regulado. Las 29.000 restantes han sido descalificadas y han pasado al mercado libre o bien mantienen la calificación, pero pueden venderse a precio libre.
"El objetivo que perseguimos con esta medida -que no tendrá carácter retroactivo- es que el parque de vivienda protegida crezca, porque se está haciendo un gran esfuerzo en este ámbito y la realidad es que cada año hay menos viviendas de este tipo que el anterior", explica Eneko Larrate, director de Vivienda del Gobierno de Navarra.
Y es que, entre enero de 2019 y enero de 2021, la cifra de vivienda protegida total ha aumentado, de 56.365 a 57.330, mientras que las viviendas que aún mantienen un precio regulado han descendido, de 30.119 a 28.167. Es decir, en ese periodo por cada nueva vivienda protegida se han descalificado aproximadamente tres. Un dato que adquiere mayor calado si se tiene en cuenta que, aproximadamente en el mismo lapso de tiempo, las personas inscritas en el censo de demandantes de vivienda en propiedad han pasado de 2.975 -en septiembre de 2019- a 4.550 en el mismo mes de 2021, momento en el que la oferta de vivienda protegida para la compra se situaba en 76 inmuebles.
Con la regulación actual, en el caso de Viviendas de Precio Tasado (VPT) y Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de propiedad o de arrendamiento con opción a compra, el régimen de protección se prolonga durante 30 años desde su calificación definitiva. En el caso de VPO en régimen de arrendamiento, la calificación caduca a los 15 años.
Ayudas
La vivienda protegida goza de una normativa específica tanto para su uso (obligación de destinar la vivienda a residencia habitual y permanente) como para su venta o alquiler (obligación de comunicar las transmisiones que se realicen y obligación de respetar un precio máximo determinado por el Gobierno).
Por otro lado, la Administración subvenciona la primera adquisición de este tipo de viviendas, también la promoción privada de vivienda protegida en alquiler, lo que supone un gasto importante para el erario público. Sin ir más lejos, durante el año 2020 se pagaron 11.508.194 euros en subvenciones de este tipo -más de 9 millones a la promoción de vivienda en alquiler y casi 2 millones y medio a personas que compraron una vivienda protegida-. La cifra de viviendas cuya adquisición estuvo subvencionada fue de 175, lo que arroja una media de casi 14.000 euros por vivienda.
En el caso de que el propietario de uno de estos inmuebles decida vender mientras esté vigente la calificación, además de tener que ceñirse al precio máximo fijado, debe devolver las ayudas que haya percibido. Algo que no sucede una vez la vivienda se descalifica, por lo que la calificación indefinida también persigue impedir que se haga negocio con este tipo de viviendas, adquiridas en parte con dinero público.
