El Foro Hiria reunió a expertos y representantes de diversas instituciones para debatir los desafíos de la vivienda social en España y proponer soluciones sostenibles. Moderado por la abogada Alejandra Jacinto, el evento subrayó el carácter transformador de la vivienda y la necesidad de garantizarla como un derecho. Jacinto inició el encuentro destacando que “es urgente desprivatizar la vivienda pública e incorporarla al parque social”.
Recordó que España, desde 1951, ha construido más de seis millones de viviendas públicas que terminaron privatizadas, lo que considera un grave error histórico. Según la moderadora, es imprescindible adoptar políticas estructurales, como la fiscalidad y la rehabilitación, para que el mercado no sea la única vía de acceso a la vivienda.
Xabier Mauri aportó una perspectiva comparativa, señalando que el alquiler social en España representa solo el 2% del parque de vivienda, frente al 9% de media en Europa y hasta el 30% en países como los Países Bajos o Reino Unido. “España ha dedicado históricamente el 0.1% de su PIB a políticas de vivienda social, seis veces menos que la media europea”, afirmó, resaltando el déficit de inversión acumulado.
Mauri también alertó sobre el incremento del 80% en los precios del alquiler durante la última década, mientras que los salarios apenas crecieron un 20%. Este desequilibrio, añadió, agrava el acceso a la vivienda, especialmente para colectivos vulnerables. Según el ponente, el modelo español debe incorporar un enfoque integral en la gestión de la vivienda social, aprendiendo de países europeos donde las entidades sociales desempeñan un papel clave. “La vivienda es mucho más que un techo, es un instrumento de transformación y cohesión social”, afirmó, subrayando que las políticas públicas deben ser estructurales, sostenibles y orientadas al largo plazo.
Noelia Gómez, representante de la Fundación ADSIS, compartió la experiencia de su entidad trabajando con personas en riesgo de exclusión residencial. Gómez definió el acompañamiento social como “un proceso personalizado que empodera a las personas, ayudándolas a alcanzar autonomía y mejorar sus condiciones de vida”. A través del programa EISOVI, parte de la cartera de servicios sociales de Navarra, ADSIS proporciona orientación, acceso a ayudas al alquiler y mediación en conflictos comunitarios. Gómez destacó que uno de los perfiles más vulnerables son las mujeres monoparentales, quienes enfrentan mayores dificultades económicas y laborales: “Cada vez más mujeres con cargas familiares necesitan acompañamiento para acceder y permanecer en una vivienda”. Según explicó, en Navarra la presión sobre el mercado libre es insostenible, por lo que las ayudas al alquiler, aunque útiles, son solo soluciones temporales. Gómez enfatizó que la coordinación entre servicios sociales y de salud es crucial para abordar los problemas residenciales desde una perspectiva integral.
Por su parte, Maika Iglesias, representante de Alokabide, describió las estrategias de esta sociedad pública vasca para garantizar el acceso y la permanencia en viviendas de alquiler social. Iglesias explicó que Alokabide gestiona más de 17.000 viviendas en Euskadi a través de programas como Bizigune, que incorpora viviendas privadas al parque público, y Gaztelagun, orientado a jóvenes menores de 36 años. “Nuestro índice de inicio de procedimientos judiciales es bajo, apenas un 0.8%, gracias al trabajo preventivo y de mediación de nuestros técnicos sociales”, afirmó. Iglesias también detalló el protocolo de convivencia que los adjudicatarios deben firmar al iniciar su contrato, el cual establece normas básicas para fomentar la cohesión comunitaria.
Xabier Mauri: "La vivienda es mucho más que un derecho”
El foro concluyó con un consenso general sobre la necesidad de implementar políticas de vivienda que sean sostenibles y trasciendan los ciclos políticos. Los participantes coincidieron en que garantizar el derecho a la vivienda exige una colaboración activa entre administraciones públicas, entidades sociales y el sector privado. Asimismo, subrayaron que la vivienda no es solo un bien material, sino un eje fundamental para la cohesión social y la transformación de la sociedad. Solo mediante esfuerzos coordinados y valientes se podrá revertir el déficit histórico que afecta al acceso a una vivienda digna y asequible en Navarra.
Xabier Mauri, experto en vivienda social, ha desarrollado una amplia trayectoria en el ámbito de la vivienda, abarcando el sector público, privado y el tercer sector, con un enfoque integral y centrado en garantizar el derecho a la vivienda, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. Hasta junio de 2023, lideró la Fundación Hàbitat 3, una de las principales gestoras de vivienda social a nivel nacional. Actualmente, asesora a entidades sociales y administraciones públicas para avanzar en el acceso efectivo a la vivienda. Durante el Foro Hiria, Mauri destacó el déficit histórico de inversión en vivienda social en España, que durante décadas solo ha destinado un 0,1 % del PIB a estas políticas, frente al promedio europeo del 0,6 %, y lejos del 1,2 % que países como Reino Unido alcanzaron durante años. Este subfinanciamiento ha derivado en un parque de alquiler social limitado al 2 % del total de viviendas principales en España, frente al 9 % en Europa y cifras superiores al 20 % en Países Bajos o Reino Unido. Según Mauri, “es crucial implementar políticas públicas estructurales y a largo plazo para revertir esta situación”.
Finalmente, Xabier Mauri insistió en la necesidad de desarrollar una industria especializada en la gestión de vivienda social y en garantizar la colaboración efectiva entre los diferentes actores implicados. Según afirmó, “la vivienda es mucho más que un derecho, es un instrumento de transformación y cohesión social”.
Noelia Gómez: “El acompañamiento social es clave en nuestro trabajo”
La representante de la Fundación ADSIS cuenta con una sólida trayectoria en programas sociales relacionados con la vivienda. Diplomada en Educación Social, ha trabajado en iniciativas como VAIS y el programa Hobetuz en las zonas de Pamplona, Tudela y la Ribera. Desde junio se incorporó al equipo de EISOVI desempeñando tareas de orientación e intervención en materia de vivienda, mediación en conflictos vecinales y gestión de programas del Fondo Foral de Vivienda Social.
En Foro Hiria, explicó que la Fundación ADSIS trabaja para apoyar a personas en riesgo de exclusión residencial. Estas incluyen a quienes enfrentan problemas de habitabilidad, amenazas de desalojo o entornos inadecuados. “El acompañamiento social es clave en nuestro trabajo. Lo entendemos como un proceso personalizado y temporal, orientado a que las personas logren autonomía y empoderamiento”, señaló. También explicó el enfoque preventivo y mediador del equipo en conflictos vecinales, especialmente en promociones de viviendas de protección oficial de nueva adjudicación, con el objetivo de facilitar la convivencia y resolver problemas comunitarios. Finalmente, hizo hincapié en la dificultad de acceder a una vivienda en el mercado libre en Navarra y en la necesidad de medidas más estructurales, ya que las ayudas actuales solo actúan como soluciones temporales.
Maika Iglesias: “Nuestro objetivo es construir comunidad”
Maika Iglesias, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto en 1995, cuenta con formación especializada en Derecho Civil y Autonómico, así como en negociación civil y mercantil, y mediación familiar. Actualmente es letrada de Alokabide, donde lidera la dirección jurídica de promoción de la convivencia e innovación social.
Durante el evento, Iglesias explicó las funciones de Alokabide, una sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco, creada para desarrollar la función social de la vivienda a través de políticas de alquiler. En su intervención, Iglesias subrayó los principales ejes estratégicos de la entidad: fomentar la movilidad de la vivienda, gestionar el parque residencial de manera adecuada y explorar modelos innovadores que respondan a las nuevas demandas sociales. Detalló los procesos de acompañamiento que llevan a cabo, como la asistencia durante la adjudicación de viviendas, que puede realizarse de manera ordinaria, por reubicación o por órdenes excepcionales, como en el caso de mujeres víctimas de violencia de género. Según Iglesias, “nuestros técnicos sociales recaban información para buscar soluciones a las dificultades detectadas, trabajando en ocasiones con los servicios sociales locales para construir comunidad”.