Navarra ha dado un paso significativo en su política de vivienda con la aprobación de la nueva Ley Foral para el Derecho a una Vivienda Asequible, aprobada por el Parlamento el pasado 19 de junio. A ello se suma la firma del 19 de mayo de la Orden Foral para la Declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado, y que previsiblemente será validada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a finales de este mes, y que permitirá activar por primera vez los instrumentos de contención de precios de alquiler.
Las medidas se aplicarán de forma escalonada, pero con carácter inmediato en lo que respecta a la entrada en vigor del marco legal. El control de precios del alquiler en zonas tensionadas se activará previsiblemente a partir de mediados de julio, una vez que el Ministerio de Vivienda publique oficialmente la resolución con los precios de referencia en el BOE.
Nuevas reglas: Ayudas al alquiler y parque público
La norma refuerza los instrumentos públicos para garantizar el acceso a un alquiler asequible. Reorganiza el sistema de ayudas, adapta el régimen de vivienda protegida al alquiler y establece fórmulas de colaboración con promotores privados para ampliar el parque público. Entre ellas, destacan los proyectos llave en mano, la cesión de suelos dotacionales y la posibilidad de destinar suelo urbanizable a viviendas asequibles en alquiler.
También se impulsan modelos residenciales alternativos, como las cooperativas de cesión de uso, para diversificar las formas de acceso y ofrecer soluciones habitacionales estables a jóvenes y mayores. La ley contempla igualmente nuevas herramientas para movilizar vivienda vacía, como incentivos a la rehabilitación y mejoras en los programas de intermediación pública.
Actualmente, Navarra cuenta con unas 25.000 viviendas en régimen de alquiler. De ellas, cerca de 11.000 tienen algún tipo de participación pública: 1.500 son viviendas propias de Nasuvinsa; 170 forman parte del Fondo Foral de Vivienda Social; 1.080 pertenecen a la Bolsa de Alquiler del Gobierno de Navarra; unas 3.000 son viviendas de promotores privados con precios de alquiler social, y más de 5.000 se benefician de ayudas como David o Emanzipa. En todos estos casos, los precios pagados por los inquilinos son sensiblemente inferiores a los del mercado libre.
El plan específico para zonas tensionadas incluye 56 medidas orientadas a frenar los precios y proteger tanto a arrendadores como a inquilinos. Se diferencia entre pequeños propietarios y grandes tenedores, y se establecen límites distintos según el perfil del arrendador. Además, se refuerzan la inspección y el régimen sancionador para evitar fraudes o incumplimientos en los contratos.
Paquete de medidas: 21 municipios tensionados
La declaración afecta a municipios que concentran más del 70% de la población navarra, incluyendo Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Zizur Mayor, Tafalla, Estella-Lizarra, Baztan o San Adrián. Esta figura tendrá una vigencia inicial de tres años, hasta julio de 2028, con posibilidad de revisión o prórroga en función de los resultados.
Durante ese periodo, se reactivará el Consejo de la Vivienda de Navarra, se crearán comisiones municipales de seguimiento y se impulsarán programas públicos de promoción de vivienda en alquiler a través de Nasuvinsa. También se prevé la puesta en marcha de un sistema de mediación para conflictos entre arrendadores y arrendatarios, con el objetivo de reducir litigios y promover acuerdos. El Gobierno prevé además la constitución de una sociedad público-privada para ampliar las actuaciones en materia de vivienda asequible, que permitiría captar inversión externa para proyectos de impacto social.
Navarra se sitúa así entre las primeras comunidades en aplicar mecanismos estructurales para regular el mercado del alquiler. La combinación de intervención directa, planificación a medio plazo y fortalecimiento institucional configura una estrategia integral para responder a uno de los principales retos sociales de la comunidad. La voluntad del Ejecutivo foral es que esta ley sea un instrumento vivo, con capacidad de adaptarse al comportamiento del mercado y a las necesidades cambiantes de la ciudadanía.
Nueva fórmula VPO
l La nueva Ley Foral para el Derecho a una Vivienda Asequible redefine el modelo de vivienda protegida en Navarra, reforzando su función social y su papel en el acceso a la vivienda. Introduce un sistema de adjudicación más transparente, priorizando criterios económicos y familiares, y promueve fórmulas como la vivienda asequible concertada, que permite la colaboración con promotores privados bajo condiciones reguladas.
Se actualizan los precios máximos de venta y alquiler por zonas, y se amplía el periodo mínimo de protección a 30 años, evitando descalificaciones prematuras. La ley también refuerza los incentivos al alquiler y rehabilitación, facilitando la movilización del parque disponible. El objetivo: garantizar el acceso digno a la vivienda, especialmente para jóvenes, mayores y familias vulnerables.
