El Parlamento de Navarra no está teniendo fácil elegir al nuevo presidente del Consejo de Transparencia. La Cámara ya ha prorrogado tres veces el plazo para que los grupos presenten candidatos que puedan relevar a Juan Luis Beltrán, cuyo mandato –el inaugural, que arrancó en 2018– expiró hace más de año y medio. La carga de trabajo, la falta de retribución del puesto y los requisitos que obliga a cumplir la ley están detrás del bloqueo, que es otra piedra en el camino de un organismo que no termina de despegar por falta de medios.
Sobre el papel, el mandato de Beltrán debió acabar en marzo de 2022. Es lo que dice la ley del Consejo de Transparencia aprobada en 2018: el presidente será elegido por un plazo de cuatro años sin posibilidad de renovación.
En 2022 no se acometió el relevo y entonces empezó la interinidad de Beltrán, que hizo saber que estaba dispuesto a seguir en el puesto hasta que se encontrara un sustituto. La proximidad de las elecciones y la urgencia de otros problemas en el seno del Consejo –la necesidad de más financiación o de definir qué modelo de organismo de transparencia quiere la Administración foral– aparcó la necesidad de dar con otro presidente. Ahora se ha puesto en marcha el mecanismo.
De momento, sin mucho éxito. El Parlamento abrió el plazo para presentar candidaturas en octubre, con una primera fecha en el horizonte: el 2 de noviembre. Lo que pasa es que no hubo propuestas y desde entonces se han dictado tres prórrogas de plazo por el mismo motivo: dos en noviembre –hasta los días 16 y 30, sin propuestas registradas– y otra ahora, para diciembre, que expirará el 14 de diciembre.
La sospecha es que tampoco habrá candidatos para entonces. Hay varios factores que lo explican. Hay que buscar en la ley. El presidente debe ser un profesional de reconocido prestigio elegido por mayoría absoluta en el Parlamento. El cargo no exige dedicación exclusiva y es incompatible con cargos públicos. Además, el presidente no puede tener afiliación política.
Sin remuneración
Hay un segundo factor, también importante: el presidente no tiene derecho a retribución alguna. Ni recibe sueldo ni cobra dietas por asistencia a reuniones o plenos del Consejo, aunque el cargo exija mucho trabajo, como reflejan las memorias anuales.
Y, en tercer lugar, hay que tener en cuenta que la renovación no es una urgencia si el actual presidente está dispuesto a seguir de forma interina. Beltrán ha manifestado en más de una ocasión que seguirá en su puesto hasta que haya un relevo.
Lo que pasa es que lo suyo es cumplir con la ley y que no ocurra como con el anterior defensor del pueblo, Javier Enériz, que se pegó 9 años de interino debido a la incapacidad de los grupos de consensuar un nombre que precisaba de mayoría reforzada. Todo esto hace que los partidos no tengan demasiada prisa pese a que todavía tienen plazo para presentar candidaturas.
El Gobierno planea dotar al Consejo de más medios
Ha sido una constante casi desde el principio: Beltrán, durante sus visitas al Parlamento, siempre hacía saber a los grupos que el Consejo de Transparencia no disponía de los medios suficientes para abordar, con desahogo, todas las peticiones ciudadanas que llegaban. “La transparencia no es gratis”, dijo a este periódico en mayo.
El organismo tiene un cometido muy específico: mediar en los casos en los que los ciudadanos tienen algún problema con las Administraciones a cuenta del acceso a información pública o deberes de transparencia.
Pensemos en un contribuyente que pide una serie de datos a su ayuntamiento, para hacer un trámite o por la razón que sea. Si pasado un tiempo no obtiene ninguna respuesta, el ciudadano tiene el derecho de apelar al Consejo de Transparencia para que medie y resuelva el embrollo.
Cada año, el Consejo veía como llegaban más peticiones y las manos eran las mismas. Sobre todo las del presidente, la secretaría y los vocales con formación en leyes, sobre los que recae también la importante labor pedagógica sobre la transparencia.
Cambios en 2024
De ahí que Beltrán siempre haya pedido más medios, una verdadera apuesta por el Consejo como sí se hace en otras comunidades autónomas, aunque en Navarra no hagan falta plantillas de veinte o treinta técnicos como las que sí disponen los consejos de Andalucía o Catalunya.
La última vez que Beltrán denunció esto fue en octubre. Todos los grupos coincidieron en que es verdad, el Consejo necesita apoyo. Todo puede cambiar este 2024 que ya está a las puertas.
El Gobierno es consciente de la situación y tiene encima de la mesa dos ideas: hacer algunos retoques en la ley y dotar al Consejo de algún medio más. De momento, todo apunta a que esos recursos serán en forma de personal. La posibilidad de que el Consejo disponga de un técnico jurídico a partir del año que viene es real. Ayudaría mucho con la documentación de las quejas y la elaboración de las resoluciones. Y, sobre todo, supondría apostar definitivamente por el organismo.
80 reclamaciones. El Consejo de Transparencia resolvió 80 reclamaciones en 2022, derivadas del casi medio millar de peticiones de transparencia que se formalizó ante las instituciones navarras.
77% silencio administrativo. La principal causa de las reclamaciones es el silencio administrativo (77%), algo que aumenta año tras año y que afecta mayoritariamente a las entidades locales, muchas veces por falta de medios en los ayuntamientos.
Navarra, por debajo de Europa. Navarra sigue muy por debajo de la media europea en cuanto a peticiones de acceso de información: 67 por cada 100.000 habitantes cuando en la UE esa cifra llega a los 420.
