La Plataforma Antirracista 21M invitó este miércoles, frente a la Oficina de Extranjería, a la participación ciudadana en la manifestación programada el próximo sábado 23 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el jueves con motivo del aniversario de la matanza de Sharpeville de 1960. María Borja, miembro de la plataforma, recordó en un comunicado este “crimen” en el que “69 personas fueron asesinadas por protestar contra el Apartheid en Sudáfrica” y que “nos recuerda las terribles consecuencias del racismo institucional”. La plataforma animó a todas las personas interesadas a participar en la movilización que tendrá lugar el sábado a las 12.00h en la Plaza de Merindades de Pamplona, para la que se han preparado expresiones artísticas y performativas con el objetivo de “visibilizar la vulneración de derechos y discriminaciones y generar interés”, debido a que “se comunica mucho mejor desde el arte”. 

En la convocatoria la plataforma recordó el “genocidio” de Gaza, “un ejemplo de que no podemos ser neutrales ante la injusticia”, y denunció el racismo estructural. “Es un sistema de dominación en el que se articulan las dimensiones personales, sociales, culturales e institucionales de una sociedad que discrimina y margina por su origen, color de piel, religión o pertenencia a un grupo étnico”. Asimismo, se exigió la eliminación de la Ley de Extranjería y “todas las normativas excluyentes”, como el Pacto Europeo de Migracion y Asilo. 

En este sentido, aseguraron que la Ley de Extranjería es “fruto de políticas migratorias discriminatorias, que tratan de poner límite al derecho a la libertad de movimiento”. Y remarcaron que lo “inundan todo” mediante “burocracia y requisitos diferentes inalcanzables, contratos de trabajo, viviendas adecuadas, relaciones familiares sometidas a exámenes y antecedentes penales que imposibilitan la regularización o abocan a la irregularidad”. Sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, añadieron que, “lejos de ser una solución, consolida el enfoque discriminatorio, normaliza la detención arbitraria de inmigrantes, criminaliza la pobreza y facilita las deportaciones con negocios”. 

Detalle del cartel que convoca la movilización del sábado 23 de marzo. Unai Beroiz

También se le exigió al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que se atiendan de “manera urgente” la falta de plazas en los albergues para personas migrantes y sin hogar. “La situación actual es inhumana e indigna”, subrayó Borja. Asimismo, se demandó al Gobierno foral la constitución del Consejo Navarro “para la lucha contra el racismo y la xenofobia y un compromiso real para combatir el racismo estructural, social e institucional”.

Por su parte, se instó al Parlamento de Navarra a “impulsar procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación con el pueblo gitano navarro, que incluya su reconocimiento en el Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra”. Y reclamaron el “cumplimiento de las medidas y recursos económicos que contempla la Ley Foral de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia para combatir esta lacra y el antigitanismo”.

Borja remarcó que “en nuestras propias calles y con nuestra propia gente, el racismo se expresa con la discriminación al acceso a educación, salud, empleo, vivienda y protección social”, y destacó que las personas migrantes, gitanas y racializadas son “las más afectadas por este sistema de exclusión, explotación, agresión y despojo, que es injusto y debemos desmantelar”. Además, Borja concluyó que la “lucha antirracista” implica a todas las personas y que “no nos podemos limitar a observar. Es hora de convertir la rabia en acción, de tejer redes de apoyo muto y de organizarnos para construir una sociedad justa e igualitaria”.