Intervención judicial al atlético de Gil y Gil

Pamplona - El 22 de diciembre de 1999, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decretó la destitución del presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil y Gil, de su vicepresidente, Enrique Cerezo -entre ambos poseían el 95,4% de las acciones del club- y de todo el consejo de administración de la entidad. El magistrado nombró entonces a un administrador judicial con plenos poderes para llevar la gestión del club mientras se investigaban los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y delitos societarios, infracciones todas ellas que la Fiscalía Anticorrupción cifró en 9.427 millones de pesetas.

El escándalo estalló apenas dos días después del anuncio del traspaso del delantero José Mari al Milan, operación por la que el club italiano desembolsó 3.200 millones de pesetas con destino a las arcas del Atlético de Madrid. Fue esta transacción la que aceleró la decisión del juez con el objetivo de que ese dinero no se moviera de la tesorería del club presidido por Jesús Gil y Gil. Apenas una hora después de hacerse pública la intervención judicial del Atlético, el administrador judicial designado por el magistrado García Castellón, el inspector de finanzas del Estado Luis Manuel Rubí, juró su nuevo cargo y ocupó la sede del club acompañado por un nutrido grupo de agentes de la Guardia Civil.

El auto del juez por el que el club madrileño quedó intervenido se basó fundamentalmente en la petición del fiscal Carlos Castresana, basada en el hecho de que Jesús Gil y Enrique Cerezo se hicieron con el 94,5% del capital social del club, valorado en más de 1.950 millones de pesetas, sin desembolsar cantidad alguna por sus acciones, en tanto que el resto de socios pagaron 112 millones de pesetas, cantidad que, según la acusación, “se quedó también Jesús Gil”. También se imputaba a los dos dirigentes del Atlético diversas operaciones fraudulentas para conseguir la conversión del club en sociedad anónima. Y es que Gil también fue acusado de haber saldado una deuda con el club de 2.700 millones compensándola con los derechos ficticios sobre cuatro jugadores. El fiscal detalló que sólo uno de estos cuatro jugadores, el nigeriano Abbas Muyiwa Lawal, era jugador de fútbol profesional, pero “de un valor extraordinariamente inferior a los 1.000 millones que por él hicieron pagar los Gil al Atlético de Madrid”. Otro de ellos, Limamou Mbnegue, no tenía trabajo ni actividad conocida, mientras que Matias Djanadia era un demandante de asilo político que había residido en la Casa de Refugiados e Inmigrantes de los Padres Mercedarios y que carecía de trabajo. El último era un juvenil, el brasileño Maximiliano de Oliveira Texeira, por el que, según el fiscal, el Atlético pagó más de 1.100 millones de pesetas y cuyos hipotéticos derechos federativos ya le pertenecían desde la campaña anterior.

“Es el precio que pago por la aventura de Ceuta y Melilla”, se defendió Jesús Gil, por aquel entonces todavía alcalde de Marbella y que también probó fortuna en las dos Ciudades Autónomas. Sin embargo, el asunto no pasó a mayores porque el 11 de abril de 2000 el juez acordó reponer en sus puestos a los mandatarios rojiblancos y, al día siguiente de este nuevo auto, Jesús Gil volvió a asumir la presidencia del club hasta el 27 de mayo de 2003, fecha en la que presentó su dimisión y fue relevado por el actual máximo mandatario del Atlético, Enrique Cerezo. El 15 de julio de 2004, un par de meses después del fallecimiento de Gil, la Audiencia Nacional levantó la intervención judicial al Atlético. - D.N.