La Fiscalía de Perú ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Castillo, según una fuente vinculada a la investigación que se sigue al exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
El requerimiento fue presentado por el fiscal supremo Uriel Teran, encargado del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, agregó la fuente.
En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar investigación preparatoria a Castillo.
La solicitud de prisión preventiva abre la posibilidad de que se prolongue la detención preliminar que cumple Castillo, que debe culminar en principio hacia el mediodía de este miércoles, aunque esa decisión es competencia de las autoridades judiciales.
Delito de sedición
La emisora RPP agregó que el Poder Judicial ha programado la audiencia para evaluar el requerimiento fiscal, que estará a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, desde las 09.30 horas (14.30 GMT) de este miércoles.
Este magistrado, encargado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aprobó durante la noche de este martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su ex primer ministro Torres por la presunta comisión del delito de rebelión.
La resolución de Checkley precisó que Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como presunto coautor en los delitos de rebelión y conspiración.
A diferencia de Castillo, Torres está libre y pasó a la clandestinidad, al conocer la acusación en su contra presentada por la fiscal general peruana, Patricia Benavides.
La investigación ha sido calificada de "compleja" por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.
Este martes, el juez supremo César San Martín rechazó la apelación que la defensa de Castillo presentó contra su detención preliminar y señaló que, con lo planteado por la Fiscalía, el ex mandatario puede ser procesado al menos por tentativa del delito de rebelión o conspiración, cargos por los que enfrentaría entre 5 y 10 años de cárcel.
Durante esa audiencia, Castillo expresó, en forma remota desde la cárcel, que no ha cometido "ningún delito de conspiración ni rebelión" y sostuvo que está "injusta y arbitrariamente detenido"
Militares en las puntos estratégicos del país
El gobierno peruano declarará en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán los puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas, en respuesta a las violentas manifestaciones antigubernamentales en las que han muerto siete personas, informó este martes el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
"Comunicar que se va a declarar en emergencia la red vial nacional, vamos a asumir el control de la red vial nacional en todo el país para conseguir el libre tránsito de todos los peruanos y para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la constitución garantiza", dijo Otárola en una declaración a la prensa.
Adicionalmente, anunció que "se ha dispuesto la inmediata protección a cargo de las Fuerzas Armadas de los puntos estratégicos de activos nacionales".
Entre esos puntos mencionó aeropuertos y centrales hidroeléctricas, blanco de ataques de los manifestantes que han tomado los aeródromos de Cuzco y Arequipa, la segunda ciudad del Perú, además de una planta compresora de gas natural en el sur del país.
Los militares también protegerán "toda aquella infraestructura que por su valor estratégico sirva para garantizar la vida y subsistencia de todos los peruanos".
Otárola ha calificado las protestas de "asonada atizada por profesionales que han trabajado" para conseguirlo "desde hace mucho tiempo".
Destacó que tienen "plenamente identificadas a las personas que están trabajando contra el Estado de derecho en el país", y cifró en unas 8.000 personas las que participan en la protesta a nivel nacional.
Según el último informe policial, hay cortes de carreteras en 14 de los 24 departamentos de Perú.
Los más afectados son Apurímac, donde el Gobierno declaró el estado de emergencia, además de Arequipa e Ica, regiones donde Otárola confirmó que también serán incluidos en esa medida.
Hasta el momento, siete manifestantes han muerto en las protestas y más de un centenar de policías han resultado heridos, 15 de ellos en un ataque con explosivos.
