Las principales instituciones polacas están en el punto de mira del Gobierno que planea formar la actual oposición liberal, que ha adelantado ya los relevos de muchos altos cargos y la liquidación de algunos de los organismos más estrechamente ligados al Gobierno saliente ultraconservador. Desde que se certificó su mayoría en las elecciones del 15 de octubre, la oposición de centro polaca ha apremiado al presidente, Andrzej Duda, cercano al gobernante Ley y Justicia (PiS) a facilitar una transferencia del poder lo más veloz posible.
Tanto los tres partidos que pretenden formar la nueva coalición de Gobierno como algunos analistas han advertido de que retrasar la investidura podría permitir a los cargos nombrados por el Ejecutivo aún en funciones realizar maniobras que alarguen en el tiempo su control sobre algunas instituciones.
El Instituto de Memoria Histórica, la televisión pública, además del Banco Nacional o el Tribunal Constitucional, son algunas de las “casas que hay que limpiar a fondo o cerrar” en palabras del que será previsiblemente el próximo primer ministro, Donald Tusk, quien llegó a prometer durante la campaña que llevaría al mismísimo presidente Duda ante los tribunales.
Televisiones y agencias
Uno de los ejemplos más claros es el del Consejo Nacional de Radiodifusión, que durante los mandatos del Gobierno saliente impuso las multas más elevadas de su historia a la cadena de televisión privada TVN, muy crítica con el PiS, e incluso estuvo a punto de provocar su cierre. En una entrevista concedida por Tusk a la televisión estatal polaca, directamente dependiente de ese organismo, el líder de la Plataforma Ciudadana (PO), apuntó con el dedo a su entrevistador y le instó a buscar un nuevo trabajo porque los días de la emisora “estaban contados”. La Agencia Anti Corrupción (CBA), y en especial su fuerza policial, es otro organismo que podría desaparecer
