La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este viernes su propuesta presupuestaria para 2026, la primera de su segundo mandato, que contempla un recorte del 22,6 % en el gasto no relacionado con Defensa.
El plan, divulgado por la Casa Blanca, incluye también un aumento del 13 % en el presupuesto del Departamento de Defensa, que ascendería a 1,01 billones de dólares. Aunque el documento establece las prioridades del Ejecutivo, corresponde al Congreso redactar y aprobar la ley de presupuestos para el próximo año fiscal.
En una carta dirigida al Senado, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, ofreció algunos detalles del plan, cuyo contenido completo se dará a conocer más adelante.
Propuesta presupuestaria
La propuesta contempla un recorte de 163.000 millones de dólares en el gasto no defensivo, equivalente al 22,6 %, con reducciones de unos 18.000 millones para los Institutos Nacionales de Salud y de casi 25.000 millones para el Departamento de Vivienda. Estos recortes responden a la política de austeridad promovida por el magnate Elon Musk, a quien Trump designó como titular del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Vought señaló además que el plan prevé una "inversión histórica" de 175.000 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), destinada a reforzar el control fronterizo.
Las tablas presentadas no incluyen aún objetivos de déficit ni proyecciones de ingresos, que serán divulgados más adelante.
Trump ha prometido una drástica rebaja de impuestos y asegura que compensará la caída de ingresos públicos con el aumento de la recaudación de aranceles, en el marco de la guerra comercial emprendida con varios países.
En los últimos años, los presupuestos federales han rondado los 7 billones de dólares anuales, mientras que la deuda pública ha escalado hasta situarse en torno a los 36 billones.
El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar el presupuesto federal, aunque las diferencias políticas suelen retrasar el proceso y obligan con frecuencia a aprobar prórrogas presupuestarias para evitar el cierre del Gobierno.
