pamplona - La consejera Isabel Elizalde mostró ayer su satisfacción con el dictamen emitido por el Consejo de Navarra sobre el proyecto de ley Foral de Reforma de la Administración Local ya que, según subrayó, “pone en valor su legalidadad” y reconoce que se ajusta al “bloque de constitucionalidad”. El dictamen emitido a petición del Parlamento tiene como objeto aclarar la adecuación a derecho el proyecto de ley, que se debatirá y votará próximamente en el Parlamento (el plazo de enmiendas se amplió hasta el día 22). Acompañada del director general de Administración Local, Xabi Lasa, sostuvo que “Navarra dispone de un mayor margen de actuación normativa y puede ir más allá del régimen común en materia legislativa local. Se trata de un derecho histórico al que no renunciamos y que nos permite establecer una estructura propia en el ámbito local. El dictamen pone en valor “el objetivo de reforzamiento de la administración local y mejora de su eficiencia con la implantación de las comarcas, que responden a una nueva concepción de la forma de gestión de los servicios locales de carácter supramunicipal desde una perspectiva “territorial y no meramente sectorial”.

Lasa, por su parte, analizó algunas de las cuestiones recogidas en el dictamen, entre ellas la alusiva a los concejos que indica que “se atiene a legalidad el mantenimiento de los concejos y la creación de otros nuevos si fuera necesario. Nada objeta a la extinción de los mismos cuando exista una carencia manifiesta de recursos para el ejercicio de sus competencias y avala la propuesta de un sistema de gestión competencial compartida concejo-ayuntamiento que permita auxiliar al concejo cuando sea necesario”, apuntó.

En lo que respecta a las Mancomunidades de Planificación General, del dictamen se desprende que la ley avala la creación de esta entidad supramunicipal en virtud de los derechos históricos de Navarra, aunque señala la necesidad de precisar mejor cuestiones concretas sobre su regulación, competencias, procedimiento de creación o composición.

En referencia a las comarcas, indicó que el dictamen avala la legalidad de su creación en virtud de la competencia histórica de Navarra y no cuestiona ninguno de los artículos referentes a la regulación de las mismas, y concluye indicando que la regulación de las comarcas que contiene el proyecto no vulnera la autonomía municipal y es conforme a Derecho.

Respecto a la extinción de las actuales mancomunidades, “no observa contravención alguna de legalidad respecto a la integración total en la comarca de las entidades supramunicipales prestadoras de servicios actualmente existentes”. Una vez creada la Comarca que asumirá sus funciones, la desaparición de las mancomunidades actualmente existentes se producirá en virtud de la pérdida de su fin y de sus competencias. Esta propuesta “ha sido una de las más cuestionadas por algunos grupos de la oposición y algunos técnicos de las propias mancomunidades”, según el Gobierno que apunta que “el Consejo niega razón a sus críticas”.

Sobre las competencias de las comarcas, el dictamen es “contundente al afirmar que el proyecto considera como propias de las comarcas una serie de competencias que en ningún caso se configuran como propias de los municipios por la normativa básica estatal, quedando la autonomía municipal de los ayuntamientos plenamente garantizada”. Lasa destacó el “espaldarazo” que recibe el nuevo sistema de financiación” para todas las entidades mediante la creación de un fondo en base a una porcentaje fijo y estable de los ingresos tributarios. Y añadió que el Parlamento puede decidir en qué ayuntamientos o entidades locales han de existir puestos de secretaría e intervención y la manera de prestar dichas funciones en forma agrupada. Asimismo, pretende “responder a una anómala situación de inestabilidad, prolongada durante más de 28 años” y “propone revertir la situación anómala de interinidad que vienen padeciendo quienes desempeñan los puestos de secretaría y de intervención”.