Casi todos los partidos que conforman el Congreso de los Diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara, han mostrado ya su rechazo frontal al decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso del superávit. El dictamen, vistas las posiciones de los grupos de la oposición -tampoco cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, que se abstuvo-, está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado. Debe someterse a votación en el plazo de un mes.

En la Junta de Gobierno de la FEMP, el acuerdo tan sólo sumó los 12 votos a favor del PSOE, por los 12 en contra de PP, Junts y Ciudadanos. La abstención de Unidas Podemos y el voto de calidad del presidente socialista de la federación resultaron determinantes para aceptar la iniciativa, que provocó la ruptura del histórico consenso en la agrupación municipalista.

La abstención de Unidas Podemos se produjo finalmente tras varias negativas de este grupo, que llevaron al presidente de la FEMP a aplazar en varias ocasiones la reunión de la Junta de Gobierno para seguir negociando la propuesta con el Ministerio de Hacienda y garantizarse la mayoría suficiente como para sacar adelante el acuerdo. Sin embargo, desde Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo de coalición, se han mostrado muy críticos con el acuerdo y se atrevieron a decir incluso que iba "en contra del acuerdo de gobierno con el PSOE en materia municipalista". Desde En Comú, el socio catalán del grupo confederal, han sido los más vehementes a la hora de cargar contra la propuesta de Hacienda, algo que ha sido recientemente verbalizado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien aseguró que el decreto era "un error" y llamó a seguir trabajando desde "la unidad municipalista" para que se modifique en el Congreso.

revertir las medidas Agrupaciones como Geroa Bai, Navarra Suma y EH Bildu -que exigió que se dé marcha atrás y reclamó que las entidades locales puedan disponer de su remanente para las políticas públicas destinadas a paliar los efectos de la pandemia- ya manifestaron su voto en contra. También partidos como PP, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, Compromís o Foro Asturias, que suman en torno a 180 escaños, hicieron lo propio. En el PP, con 88 diputados, han amenazado con llevarlo el acuerdo a los tribunales y han anunciado que lanzarán una ofensiva parlamentaria para lograr revertir estas medidas sobre remanentes y superávit.

Ya en la Junta de Portavoces y en la reunión de Gobierno de la FEMP se mostraron muy críticos con la primera propuesta de Hacienda, algo que se acrecentó cuando finalmente el acuerdo se aprobó el pasado lunes. Varios dirigentes populares hablaron incluso de "robo" a las entidades locales por parte del Ejecutivo central.

También Vox (52 diputados) reprochó al Gobierno central y más concretamente al PSOE lo que consideran "una rendición" de los excedentes de tesorería. Por su parte, Ciudadanos, que ya votó en contra en la junta de Gobierno de la FEMP, también rechazó frontalmente el acuerdo y las declaraciones de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, hacen prever que su formación hará lo mismo en la votación del Congreso.

En el caso de ERC y Junts, que suman 21 diputados, también se han posicionado en contra del acuerdo y arremetieron contra el Ejecutivo central porque consideran que este documento de Hacienda va contra el municipalismo.