La Mancomunidad de Residuos de la Ribera cambiará las ordenanzas de 2024 para eliminar el criterio del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para determinar la cuota de las tasas por recogida y tratamiento de basuras y la sustituirá “por otro criterio más acorde a los principios de igualdad y progresividad”, tal y como solicitó el Defensor del Pueblo tras la queja de una vecina. En la carta que ha enviado el presidente de esta entidad, Fernando Ferrer, con fecha 5 de mayo, asegura que “se ha ordenado a los servicios jurídicos, económicos y técnicos de esta entidad que consideren en la elaboración del expediente que determine las tarifas contenidas en la futura ordenanza de tasa para 2024 la sugerencia emitida por usted". De esta forma, en la carta remitida a Patxi Vera, Defensor del Pueblo, se asegura que “la sugerencia de modificar a ordenanza reguladora de las tasas por recogida, tratamiento y aprovechamiento o eliminación de residuos sólidos urbanos, debe ser atendida por la Mancomunidad”.

De esta manera la Mancomunidad de Residuos de la Ribera acepta la sugerencia del Defensor del Pueblo en la que solicitaba que modificara la ordenanza reguladora de las tasas por recogida y tratamiento de residuos para evitar que las personas “que residen y desarrollan la actividad sometida al IAE en la misma unidad inmobiliaria tengan que hacer frente a una doble tasa, la inherente al domicilio y la derivada del ejercicio de la actividad profesional”.

Hay que recordar que Navarra Suma en el pleno en que desde I-E se preguntó por este tema se contestó señalando que “la justicia ya a fallado a favor de la Mancomunidad en otros casos. Si tienes disponible el servicio de basura, se te cobra, si generas residuos de tu actividad económica, se te cobra” y votaron en contra de reformar las ordenanzas, señalando que “hubo 30 días para presentar alegaciones y nadie presentó”.

El Defensor del Pueblo explicó en su carta a esta entidad que “no se ajusta a los principios del artículo 31 de la Constitución de la actividad tributaria” que son “igualdad capacidad económica, progresividad y no confiscatoriedad”.