Elizondo busca dar un uso social a la Herriko Etxea
El batzarre aprobó ceder la gestión de las viviendas al Ayuntamiento de Baztan
En el batzarre celebrado en Elizondo el pasado sábado se debatió y votó a favor una propuesta de los colectivos Baztanen Bizi Nahi Dugu y de META que solicitaba la cesión de las viviendas alquilables de la Herriko Etxea al Ayuntamiento de Baztan para su gestión, previo informe favorable del arquitecto municipal, para que estas viviendas puedan ser utilizadas hasta que empiecen las obras de rehabilitación del edificio. El pueblo de Elizondo lleva trabajando 3 años con Nasuvinsa para esta rehabilitación que consiste en una total reforma interior y la creación de 11 apartamentos de alquiler social, pero esto se está alargando en el tiempo y ahora momentáneamente se busca esta solución.
Propuesta aprobada
En la actualidad se está dando uso a una de las siete viviendas existentes en el edificio y de las seis restantes se considera que con pequeños arreglos serían habitables. Las viviendas disponibles se destinarían como recurso de emergencia habitacional para residentes de Baztán en situación de vulnerabilidad, incluyendo desahucios, víctimas de violencia de género y personas sin hogar. Se establecerán criterios específicos para la selección de beneficiarios, usando la ordenanza municipal de adjudicación de viviendas sociales como referencia.
Antes de la asignación, se realizará un informe pericial para asegurar la habitabilidad y ausencia de riesgos estructurales en las viviendas.
La gestión y responsabilidad de las viviendas de emergencia se delegará en los Servicios Sociales de Baztan, quienes realizarán un seguimiento de los usuarios y ofrecerán recursos para encontrar soluciones de vivienda a largo plazo.
El inicio de las obras previstas para un futuro de Nasuvinsa será causa de finalización de la cesión de gestión sobre las viviendas.
El uso de las viviendas tendrá un límite temporal, revisándose periódicamente el cumplimiento de los requisitos. El incumplimiento de las normas puede resultar en un procedimiento administrativo de expulsión, según el Decreto Foral 280/1990. En resumen, se busca dar un uso social a las viviendas vacías de manera temporal y regulada hasta la ejecución de la reforma planificada.
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